Un alto cargo de Gobierno autonómico, ante las protestas de la oposición socialista sobre la reorganización de la atención primaria, muy tocada desde la pandemia, incluso con recortes anteriores, con consultorios cerrados y reducción de servicios, debido a la falta de médicos, les acusaba de generar inquietud entre la población y de no realizar propuestas, mientras vecinos de numerosos municipios se han echado a la calle en concentraciones y manifestaciones por una Sanidad rural de calidad. 
Este es un discurso cuando se gobierna pero, en el momento en que haya a quien le toca ejercer de leal oposición aplica justo lo contrario de lo que predica. Y si no veamos la actitud que ha redoblado, porque ya la venía ejerciendo, el presidente del PP, Pablo Casado, interesado solo en el desgaste del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, y actuando como ejemplo para todas las instituciones donde su partido no toca poder. Todo con el convencimiento de que las elecciones le llevarán a La Moncloa con el apoyo de Vox. 
Ya no es solo tratar de desprestigiar la operación de evacuación de españoles y colaboradores de los gobiernos europeos en Afganistán, aplaudida desde las instituciones de la UE, por ejemplo, sino que mantiene el bloqueo para la renovación de las instituciones, comenzando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando la fórmula que critica es la que ha aplicado su partido cuando ha gobernado y lo que le preocupaba era colocar a magistrados afines a su partido. Pero, en unas horas, ha encontrado una nueva justificación, las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que ha asegurado que «Ni los jueces puede elegir a los jueces, ni a los políticos los eligen los políticos. Los eligen los ciudadanos».
Luz de gas para el Gobierno, desgaste y, si se tercia, anticipación de comicios, aunque sea a base de medidas verdades o de manipulación de la realidad. Recordemos cuando Casado auguró cuatro años para vacunar en España contra la COVID-19 y haya sido el primer país del mundo en conseguirlo en poco más de ocho meses, por no hablar de esa ley de pandemias que quiere consensuar cuando el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que solo el estado de excepción justifica determinados recortes de derechos por lo que cualquier texto legal que vaya por debajo de este criterio será inmediatamente rechazado.   
Con un Gobierno que se le escapan miles de votos por el sumidero porque no ha reaccionado con acierto ante la subida del precio de la luz, lo que no controla directamente y tiene que ver con muchas variables, que ni siquiera ha sabido dar una explicación didáctica y aligerar las medidas que estén a su alcance, la situación política que se vislumbra es de acritud y alejamiento de posiciones, más si cabe, todo lo que no necesita este país para avanzar después del bache sanitario, que aún no ha concluido, por cierto, aunque se le vaya tapando. Los representantes públicos demuestran, una vez más y sin tapujos, que están para buscar el poder y hacer campaña, viviendo de la política sin prejuicios, por encima de la misión para la que han sido elegidos, repetido una vez más, por si no comprenden, como es buscar la solución a los problemas de los ciudadanos.