Casi el 20 por ciento de la población española tiene más de 65 años. El cese en la vida laboral no solo supone buscar nuevas actividades, reinventarse y encontrar nichos sociales en los que poder contactar con otras personas para la nueva etapa vital, también comienza a resonar el runrun mental de qué será de nosotros al llegar a la vejez. Hace unas décadas, cuando las viviendas de las ciudades ya no podían alojar a los abuelos por falta de espacio, se los enviaba a los asilos. Término maldito cuya pronunciación metía miedo más que el mismísimo demonio. Eran lugares tétricos, fríos y desangelados, generalmente regentados por monjas más marciales que comprensivas, en los que los ancianos con falta de recursos eran acogidos casi por beneficencia. Con la democracia llegó la dignificación de estos centros. La Seguridad Social construyó verdaderos paraísos, pero pronto acumularon listas de espera interminables. Enseguida los negociantes vieron una oportunidad nada desdeñable. Hoy proliferan los privados. Los viejos suelen ser bien tratados porque las familias pagan sus buenos euros mensuales o los propios residentes tienen bienes o pensiones generosas. Pero la gente sin recursos se quedó sin pan y sin perro, no hay suficientes plazas públicas ni concertadas y las otras son muy caras. Volvemos al punto de partida, si no tienes medios pasarás los últimos años de la vida contando céntimos y con temor de no llegar al final con la hucha. Así vemos abuelos que son turnados por las casas de los hijos, quienes a su vez arreglan un poco su economía con la minipensión que reciben. Hace falta un gobierno fuerte que quiera solventar estas situaciones indignas. Un trabajador no cualificado, una ama de casa y de cría con la salud deteriorada por las condiciones laborales y de vida no pueden acabar así. Es injusto, inhumano, cruel.                                       

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