Se ha puesto de moda la prohibición de circular en automóvil en los centros históricos de las ciudades. La iniciativa es loable y permite que los cascos urbanos, reducidos en tamaño de las calles y de los espacios, sean peatonales al cien por cien y capten un tipo de turismo de ciudad muy interesante. No hay mayor placer que pasear por Ámsterdam, Colonia, Berlín o Londres en zonas que estén a salvo del acoso de los coches. En esa línea se han movido la mayoría de los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas desde hace dos décadas, y sus administrados lo agradecen, tanto por el aire que respiran como por los ingresos que produce a la ciudad la llegada de visitantes para disfrutar de esos espacios. Lo que ocurre es que la virtud muchas veces deriva en el abuso, y es lo que están viviendo en la capital con la polémica de las zonas de bajas emisiones en las que sólo se puede ya circular con la pegatina de color que indica que tu coche, será muy bueno o muy rápido, pero si no tiene algún grado de sostenibilidad, es un artículo moribundo del que antes o después tendrás que deshacerte.

Prohibir el tráfico en el centro, o limitarlo acotando las zonas de movilidad, coincide con el sacrosanto principio de las administraciones, tan español, de cobrarnos hasta por respirar. Y si puede ser sancionándonos, mejor aún, aunque al ciudadano más le duela una multa que el pago de una tasa. Estos días se prohíbe acceder al interior de la ciudad a todos aquellos que hayan comprado el coche antes de una fecha determinada, lo que supone un agravio y una arbitrariedad que raya el totalitarismo. De modo que al vecino y empadronado se le permite comprar un vehículo, se le cobra el impuesto que debe satisfacer para circular… y al mismo tiempo se le prohíbo circular por determinadas zonas, sin bajarle el impuesto, por descontado. Con una mano te cobro por moverte, y con la otra te multo porque te has movido. Los alcaldes, que han hecho una gestión en general bastante aseada generando superávit de las arcas públicas municipales en el último lustro, no necesitan esta fuente de ingresos doble y dudosamente constitucional, por la que alguna asociación de conductores estará ya camino de los juzgados para presentar la pertinente denuncia.

Durante la pandemia no hubo una sola rebaja fiscal por parte de las administraciones locales pese al evidente ahorro que supuso la suspensión de miles de eventos y festejos, fuegos artificiales y conciertos de feria. El IAE, el impuesto de circulación y el IBI siguieron en sus niveles habituales pese a que los gastos de las corporaciones se redujeron sensiblemente por la imposibilidad de celebrar las fiestas patronales. Por eso resulta más increíble aún que, después del ahorro, nos cobren primero y nos prohíban después hacer lo que hemos pagado.