La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia de coronavirus hasta el 31 de mayo ha conseguido la ansiada ‘luz verde’. Ayer, la patronal, tras semanas de encuentros que finalizaban sin acuerdo y dejaban patente las diferencias existentes, daba, por unanimidad, el visto bueno a la propuesta planteada desde el Gobierno y respaldada por los sindicatos, que propone la extensión automática de todos los ERTE, sin la necesidad de tener que conseguir nuevas autorizaciones administrativas, lo que facilita cuantitativamente el proceso. Mientras la crispación política continúa cada semana, en esta ocasión con el pulso entre algunas regiones y el Ejecutivo central por la fijación de los horarios del toque de queda, el diálogo social ha vuelto a dar muestra de que el consenso puede funcionar, ajeno al ruido y a las polémicas que surgen prácticamente a diario.
Pese a que las diferencias eran importantes, ya que la CEOE reclamaba la modificación del mantenimiento del empleo durante seis meses sin la necesidad de tener que devolver todas las ayudas concedidas en el supuesto de despedir a alguno de los trabajadores afectados por ERTE, finalmente la patronal ha querido salvar ese escollo y continuar con el firme compromiso de salvaguardar los puestos de trabajo, aunque había puesto sobre la mesa sin éxito la posibilidad de eliminar esta restricción para las compañías con menos de 50 trabajadores. De la misma manera, la prórroga, que irá más allá de la fecha en la que finaliza el estado de alarma y supondrá un desembolso de 5.500 millones de euros, también continúa contemplando la prohibición de repartir dividendos o llevar a cabo horas extraordinarias.
La mayor novedad, como solicitaba la patronal, es la introducción de un mecanismo automático de cambio entre los ERTE de impedimento y de limitación, con el objetivo de que se pueda cambiar de uno a otro sin la obligación de tener que recibir el permiso administrativo correspondiente, ahorrando burocracia y simplificando las cosas a los empresarios. Los últimos datos pertenecientes a diciembre que recoge la Seguridad Social sitúan al número de trabajadores afectados por ERTE en más de 755.600, mientras que la cifra llegó a los 3,4 millones en el momento más crudo del confinamiento.
El acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal, CCOO y UGT para la prórroga de los ERTE pone de manifiesto que, si hay voluntad, los pactos que buscan salvaguardar el empleo y el tejido industrial son posibles, aunque alguna de las partes tenga que ceder en sus pretensiones. Los políticos deberían tomar nota y comenzar a consensuar las bases para impulsar una recuperación que no será fácil y que necesita el respaldo de todos, también el de unos sindicatos que ya han anunciado movilizaciones el 11 de febrero para impulsar la reforma laboral y la subida del salario mínimo.