Ni una crisis tan severa como la originada por el coronavirus ha servido para asistir a un acercamiento del Govern hacia el Gobierno central. Más bien, todo lo contrario. A tenor de los acontecimientos de las últimas jornadas, la actitud de Torra, ávido de hacer valer sus competencias, parece la más propia de un dirigente dispuesto a utilizar cualquier pretexto para echar un pulso al Estado. Un objetivo que parece anteponer a la necesidad de mitigar el coste social y económico de la pandemia. El presidente de la Generalitat no varía su hoja de ruta ni en situaciones de extrema gravedad donde el consenso ha de prevalecer por encima de las diferencias. Así, ha recurrido a todos los resquicios legales para sortear una alianza con Madrid con el fin de consensuar las medidas a adoptar en Lleida y el Segriá. Incluso alternativas al confinamiento.
La cabezonería del dirigente catalán solo ha retrasado una decisión que, de ser tan urgente y necesaria como predica, hubiera de haberse adoptado con mayor celeridad. El freno judicial al confinamiento de una población de 160.000 habitantes vino dado por la falta de datos que justificasen esta medida y por no acordar un estado de alarma parcial con el Gobierno central, un trámite que hubiera supuesto un bálsamo tranquilizador para los afectados, que viven sumidos en la preocupación y ahora son víctimas también del caos generado por sus gobernantes más próximos.
Ante el revés en los juzgados, la fórmula del decreto ley ha sido la elegida por Torra para evitar la intervención de Moncloa. Una vez más, como acostumbra, opta por la vía unilateral. Dos no se pelean si uno no quiere, y frente a la confrontación que busca el Govern, el ministro de Sanidad anticipaba que el decreto no supone una «invasión de las competencias del Estado». Evitó Salvador Illa, en su comparecencia de este martes, entrar en el cuerpo a cuerpo para, lejos de polémicas, abordar la cuestión capital, que no es otra que frenar los rebrotes. Al mismo tiempo, Illa tendió la mano a la Generalitat y anunció un plan de apoyo a las regiones ante el crecimiento de los rebrotes evitando la sensación de desamparo de las comunidades.
En medio del choque político impulsado desde dominios catalanes, una población presa de un limbo legal con la estabilidad económica de nuevo en peligro. Ninguna desgracia es oportuna para sacar rédito político, y menos cuando hay vidas en juego. Lejos de buscar enemigos, Torra debiera rastrear las causas de una sanidad al borde del colapso y del problema social derivado con la llegada, como se preveía, de trabajadores para la recolección de la fruta. En definitiva, abordar lo que realmente importa. Algo nada propio de un dirigente con objetivos muy alejados de lo que exige la realidad actual.