El Congreso de los Diputados ha legalizado por decreto a la okupación. Lo que parecía una barbaridad desde todos los puntos de vista, políticos y legales, el Gobierno y Podemos lo han hecho posible.
Inicialmente el  Gobierno posibilita al okupa el romper la puerta de entrada de una vivienda, si no había nadie en la casa. En agosto el Consejo de Ministros aprueba, contra todo pronóstico, con un disfraz social, el apoyo a los que llaman vulnerables. Ahora el Real Decreto-Ley de protección de los consumidores vulnerables, incluye una disposición que amplía la suspensión de desahucios para personas sin alternativa habitacional. Y posteriormente se aprobará como proyecto de Ley con carácter de urgencia.
Es decir, podemos tener okupas tres meses, hasta que acabe la pandemia, o quién sabe hasta cuándo. En España lo provisional es definitivo. Una vez perdida la libertad de disponer, perdida para siempre, dice John Adams. Es una confiscación en toda regla, porque el decreto no dispone de medidas reales a favor del consumidor vulnerable y en las disposiciones finales se ve que lo que se quiere es «amparar» a los okupas.
Para el PP es «un ataque a la propiedad privada», para Vox suprimir el derecho a la propiedad privada frente a los «malhechores» que «okupan» las casas, para Ciudadanos un «disparate y una tropelía» por justificar la «okupación» e ir en contra el artículo 245 del Código Penal (delitos sobre el patrimonio).
Sí, es un ataque a la propiedad privada, al estado de derecho y donde no hay derecho no hay democracia. Si en España faltan dos millones de viviendas sociales, que las haga el Gobierno, pero no a costa de los trabajadores, a los  que confiscan sus bienes adquiridos por el ahorro. Es tal el agravio comparativo entre los propietarios y los okupas, la injusticia, que deviene inconstitucional.
Decía el teólogo constitucionalista Rudolf Smend, que sin una comunidad integrada y bien construida no hay estado. Todo es un mecano y ahora el problema lo plantearán los ciudadanos a la administración, a ayuntamientos… Si no sacan dinero, no pueden pagar la parte correspondiente de esos meses de IBI, luz, agua, basuras, etc… 
Cicerón daba su última receta: «Inter arma, silent leges», el estruendo de las armas acalla las leyes.