El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, reclamó ayer en las Cortes que la rendición de cuentas se extienda como requisito legal de las entidades locales para acceder a todas las subvenciones de la Junta.

Amilivia, que presentó en la Comisión de Hacienda tres informes, uno relativo a las cuentas del sector público local de Castilla y León en 2020 y dos sobre el impacto de la covid, recordó que la rendición de cuentas, además de ser una obligación legal, es una práctica necesaria para mejorar la transparencia de la administraciones. «Estamos hablando de una práctica que no perjudica a nadie y que forma parte de la esencia de la democracia», sentenció.

En su intervención, reconoció la mejora y destacó que el 70 por ciento de las entidades locales de Castilla y León rinden sus cuentas en tiempo y forma ante el Consejo de Cuentas, porcentaje que en la media nacional se sitúa en el 65 por ciento. No obstante, Amivilia indicó que aún está lejos de los mejores resultados obtenidos por las comunidades de Aragón, Galicia y Valencia.

En este sentido, señaló que en el origen de estas diferencias se encuentra la adopción de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación, a la vez que resaltó que esta mejora en la Comunidad no es ajena a medidas como la introducida por la Consejería de la Presidencia al contemplar por primera vez en 2021 como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas.  

Además, Amilivia indicó que en la convocatoria de 2022 se refuerza este requisito al exigirse no una declaración responsable de haber rendido la cuenta general, sino un certificado emitido por la secretaría de la entidad local de la rendición de la cuenta al órgano de control externo dentro de los plazos previstos en la normativa vigente.

Esta novedad, según subrayó, representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para mejorar la transparencia, para beneficio de las entidades locales y de los ciudadanos. A su vez, defendió la extensión de esta medida al resto de subvenciones y ayudas, para lo cual sería conveniente elevar el rango normativo de este requisito, afirmó. Además, reclamó un incremento del número de secretarios, pero puntualizó que las diputaciones tienen la obligación legal de ofrecer servicios de asesoramiento a los ayuntamientos. A su vez, Amilivia recalcó que el Tribunal de Cuentas lleva más de diez años pidiendo medidas de estímulo para mejorar la rendición de cuentas.

No obstante, recalcó que la mejora del último año y apuntó que el 86 por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad han rendido ya la cuenta del ejercicio 2020, en una horquilla que oscila entre el 75 por ciento de la provincia de Segovia y el 91 por ciento de la León.

La principal conclusión del informe es que las entidades locales siguen gozando de una situación económica saneada. Mantuvieron en el primer año de la pandemia la senda creciente en superávit, remanentes de tesorería y fondos líquidos, mientras la deuda viva continuó su tendencia decreciente.

Debate

Por su parte, desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos) propuso reforzar el trabajo del Tribunal de Cuentas y articular los mecanismos necesarios para obligar a las entidades locales a cumplir con las recomendaciones que emite en sus informes.

Mientras tanto, el portavoz del grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García, lamentó que 680 ayuntamientos, dos diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo no rindan sus cuentas en plazo y preguntó por los motivos por los que las entidades locales no cumplen con la rendición de cuentas.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz del Grupo Vox, que calificó de "sonrojante" el elevado número de entidades que no presentan cuentas, a la vez que planteó medidas legales para los ayuntamientos, diputaciones y entidades menores con no rindan cuentas.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Juan Luis Cepa también recalcó la necesidad de extender el control de las entidades locales a la hora de rendir cuentas, pero lamentó que a pesar de las recomendaciones del Tribunal Cuentas, la Junta no extiende este control y se convierte, en el caso de la aprobación de los presupuestos, en el "primer incumplidor".

Por último, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda, María Ángeles Prieto, argumentó que el Gobierno debe ampliar la plantilla de secretarios, ya que la falta de estos profesionales provoca que su carga de trabajo sea muy elevada y genere problema en el funcionamiento de muchos ayuntamientos.