El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, se comprometió en febrero de 2019 a elevar ante el Consejo General del Poder Judicial el caos que había originado la implantación, un año antes, de la oficina judicial única, que inicialmente supuso el colapso total de los juzgados.

Según la información que trascendió, el máximo responsable del alto tribunal de la región asumió entonces que este servicio no funcionaba ya que provocaba el retraso y la acumulación de asuntos en los juzgados de primera instancia e instrucción, ahora denominados UPAD. 

«El comienzo de la nueva oficina judicial (NOJ) en Palencia no fue bueno. Es más, es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Y lo que mal empieza, normalmente mal acaba», comentó en su momento a Diario Palentino la entonces decana de los jueces, María Rosa Martínez López, opinión que era compartida también por los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Santiago González y Luis Gonzalo Álvarez, respectivamente; así como por la junta de personal de Justicia en Palencia. Según los datos aportados en aquel momento, la gestión de la oficina judicial única provocaba una acumulación de más de 600 asuntos al mes sin tramitar.

Ahora, cuando se cumplen tres años desde la instauración del nuevo sistema del procedimiento judicial y procesal en Palencia, los responsables del Ministerio de Justicia se muestran mucho más optimistas del rendimiento de la oficina judicial, aunque son conscientes de que el margen de mejora es aún muy amplio. Después de algunas modificaciones emprendidas a raíz de las contundentes críticas recibidas, especialmente al Servicio Común de la Ordenación del Procedimiento y Tramitación (SCOP), los datos oficiales a los que ha tenido acceso Diario Palentino indican que tres años después de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial única, 22.042 procedimientos de material civil, social y contencioso-administrativo (13,435 entre 2020 y los primeros nueve meses del presente año)  han quedado concluidos entre sentencias, autos y decretos, lo que supone una media diaria de 23, después de haber registrado en este periodo de tiempo 14.725 asuntos (5.532 en los últimos 21 meses).

TASACIONES. Asimismo, el número de tasaciones realizadas en los tres primeros años de vida de la oficina judicial única asciende a 4.462 (2.947 entre enero de 2020 y septiembre de 2021) en virtud de los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico. En materia penal, el juzgado de vigilancia penitenciaria ha tramitado 5.351 asuntos en los tres últimos años, mientras que el juzgado de menores si entre junio de 2018 y junio de 2019 tramitó un total de 63 expedientes de reforma, veintiún meses después esta cifra se elevaba a 204. En cuanto a ejecuciones, están pendientes 76 asuntos civiles y 86 penales después de haberse tramitado en el último año 39 ejecuciones civiles y 59 penales. Además, las UPAD han registrado en este período 359 asuntos y han resuelto 341.

Mientras tanto, el SCEJ (Servicio Común de Ejecución de la sección de penal), en virtud de estos datos oficiales, tenía a fecha de 27 de junio de 2018 un total de 1.594 ejecutorias abiertas pendientes. Tres años después este número de ejecutorias asciende a 1.097 después de haber entrado este año un total de 470. Asimismo, el juzgado de lo penal, uno de los más complicados de Castilla y León especialmente en materia de ejecuciones (se ha solicitado en los últimos años la creación de una segunda sección), evoluciona de forma positiva.

Por lo demás, los datos que maneja Justicia indican incluso que a día de hoy el juzgado de primera instancia número 2, encargado en exclusividad de dilucidar todos los asuntos relacionados con las cláusulas suelo, ha conseguido tramitar prácticamente todos los casos que tenía pendientes; tan solo faltaban registrar a la hora de elaborar este informe periodístico 51 escritos y diez demandas. Eso sí, ahora falta resolver los asuntos y ejecutarlos, aunque según la podido saber este periódico en breve llegará un nuevo juez de refuerzo por lo que este juzgado contará con tres togados para hacer frente al trabajo acumulado (un titular y un refuerzo, mientras que varios funcionarios han aumentado dos horas y media a la semana su jornada laboral para agilizar los trámites).

Los responsables de la oficina judicialse consideran (fue puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular y comenzó a funcionar coincidiendo con la entrada del PSOE en el Ejecutivo) que, si bien en los primeros meses se registraron problemas serios a la hora de abordar el trabajo correspondiente, en la actualidad la oficina pasa por un momento de estabilización una vez corregida parte de las deficiencias y gracias también a la especialización de los funcionarios, por lo que se considera que a medida que pasa el tiempo los resultados serán mucho más positivos. 

Asimismo, el punto de información al ciudadano oficialmente conocido como Unidad de Atención a Profesionales y Litigantes, ubicado en el edificio del antiguo Banco de España, con dos profesionales, atiende una media de 60 personas al día, de las que la mayoría son atendidas por teléfono o por vía telemática respecto a las presenciales en una proporción de dos a uno.

UNA PETICIÓN URGENTE

La última Memoria Anual elaborada por el decanato de jueces y remitida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ya exponía bien a las claras que los juzgados número 2, encargado en exclusiva de tramitar y resolver las demandas por cláusulas suelo; el número 1, que hace las veces del juzgado de lo mercantil; así como los dos juzgados de lo social, se encuentran al límite y necesitan refuerzos por cuanto la carga de trabajo ha aumentado durante el último año, de especial relevancia por la pandemia del coronavirus.

El informe indica que pese a la excepcional situación vivida (y que aún perdura) de  la crisis sanitaria, las distintas instancias judiciales han seguido funcionando hasta el punto de acercarse a los ratios de ejercicios anteriores, gracias al enorme esfuerzo realizado por todo el personal de la administración de justicia.

Por ello y una vez más, el decanato volvió a pedir ante el alto tribunal de la región el necesario nuevo juzgado primera instancia e instrucción (el nº 8) con sede en Palencia. 

Si ya en los años anteriores esta creación se calificaba de imprescindible, ahora no solo debe considerarse así sino que también debe apreciarse como absolutamente urgente. Las cifras de registro que ofrecen los juzgados de  esa clase lo evidencian claramente. 

NECESIDAD URGENTE. «Francamente, no se entendería que dicho juzgado, que ya estuvo en las previsiones iniciales de creación realizadas en los años 2018 y 2019 por el Ministerio de Justicia, decayendo finalmente, quedara fuera del marco de creaciones para este año o, a más tardar, para el siguiente. Por otra parte, es una necesidad que ha sido puesta de manifiesto reiteradamente por los colegios profesionales de Abogados y Procuradores de Palencia, siendo un sentir unánime de cuantos intervienen en la administración de Justicia de Palencia», reflejaba la Memoria.  Los juzgados de la capital superan de media los mil asuntos tanto en materia civil como penal.  El nuevo juzgado permitiría la especialización en asuntos de familia e incapacidades, pues existe un alto número de asuntos de esta naturaleza como consecuencia del elevado número de centros asistenciales ubicados en el partido judicial.

VERDADERO PROBLEMA. Pero donde está el verdadero problema es en el ámbito civil. Todos los juzgados se sitúan en números de registro que alcanzan un 50% del máximo previsto por el CGPJ como carga de trabajo para este tipo de Juzgados (680 asuntos/año). Mención especial merece el número 2, ya que esta instancia judicial, que se encontraba en unas circunstancias óptimas tanto en pendencia como en tiempo de respuesta y calidad, fue elegido en su momento por el CGPJ para asumir la competencia sobre cuestiones relativas a condiciones generales de contratación, recibiendo un elevado número de procesos de naturaleza bancaria.

A modo de ejemplo, en el año 2018 ingresó 2.421 asuntos civiles y 942 penales; en 2019 registró 2.424 y 1.080, respectivamente, y en 2020 un total de 1.566 asuntos civiles y 911 penales. En civil ha venido superando en casi cuatro veces el módulo de entrada y en la actualidad lo dobla. De los civiles, la inmensa mayoría corresponde a demandas referidas a nulidad de condiciones generales de la contratación en préstamos hipotecarios. Pese al elevado número de resoluciones de procesos (1.262 sentencias y 250 autos que pusieron fin a procedimientos civiles y 48 sentencias y 456 autos penales) sigue presentando una elevada pendencia.

Por su parte, los juzgados de Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes están mejor, en cierta medida, que los siete juzgados de primera instancia e instrucción de la capital en cuanto a volumen de asuntos tratados durante el pasado año, según los datos aportados a este periódico por las secretarías de estas instancias judiciales, pero también superan con mucho la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial. Pese a la pandemia del Covid, estas tres instancias judiciales tuvieron una acumulación de trabajo muy similar a la registrada durante 2019.