La reforma para empleadas del hogar afecta a 834 cotizantes

Alberto Abascal
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Una treintena de varones se verán beneficiados con la iniciativa gubernamental · Estudios realizados estiman que unas 250 personas siguen en el mercado sumergido dentro del sector en la provincia de Palencia

La reforma para empleadas del hogar afecta a 834 cotizantes

Cerca de 900 trabajadores (concretamente 834) afiliados como empleadas y empleados del hogar se beneficiarán de la aprobación de la prestación de desempleo en Palencia, medida que se llevó a cabo en el último Consejo de Ministros, que ha sido bien acogida por parte de todos los agentes sociales.

Según los datos de afiliados y afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar en Palencia (datos de agosto) un total de 834 personas estaban registradas en el sistema, de las que 804 eran mujeres y 30 eran varones.  De forma más pormenorizada (ver tabla inferior), 552 de los 834 profesionales son de nacionalidad española (61,19%) y el resto (282) extranjera, lo que supone el 38,81%.

El caso es que estos trabajadores se encontraban hasta ahora sin derecho a paro, una situación que cambiará el 1 de octubre cuando empiecen a cotizar por desempleo y a cobrar la prestación y los subsidios por paro en caso de perder su trabajo. Además, recordaron que el Real Decreto-ley tipificará la causalidad del despido y limitará la actual figura del despido por desistimiento, que permite al empleador rescindir el contrato sin justificación alguna. 

Para el sociólogo palentino Javier Gómez Caloca esta nueva medida gubernamental supone «acabar, décadas tarde, con la figura de la hija de familia numerosa que se iba del pueblo a la ciudad a servir a cambio de cama, manutención y poco más. Por fin, son consideradas trabajadoras con los mismos derechos que los del resto de sectores». 

EMPLEO SUMERGIDO. En otro orden de cosas, el sociólogo palentino Javier Gómez Caloca subraya que cruzando los datos de la Encuesta de Población Activa y de afiliación a la Seguridad Social, algunos estudios establecen un 30% en la economía sumergida dentro de este sector, lo que equivaldría que en Palencia pueden trabajar en negro unas 250 personas. «Sin duda, se hace preciso un plan de control por parte de la Inspección de Trabajo para vigilar que las mejoras de este colectivo se aplican», añade Gómez Caloca.

«Esta reforma se viene a sumar a las importantes subidas del SMI de los tres últimos años que ha mejorado sus retribuciones en más del 35%», añade Gómez Caloca, quien lamenta que «lo que no se puede legislar, lamentablemente, es el cambio cultural de los empleadores. Ni son las chachas, ni las chicas de la casa a nuestro servicio; son trabajadoras con los mismos derechos que el resto, a las que se tiene que hacer un contrato escrito y por las que se tiene que cotizar. Hay que respetar sus derechos laborales». 

Por su parte, el secretario general de UGT-Palencia Gorka López, mantiene que «esta medida avanza en la equiparación de derechos y termina con la discriminación que supone la exclusión de la prestación de desempleo, de la ley de prevención de riesgos laborales y de la aplicación de particularidades a este sector que se alejan de los derechos que disfrutan el resto de trabajadores y trabajadoras, como dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». 

La secretaria general de CCOO de Palencia, Elena Villamediana, apunta al respecto que «consideramos muy positiva la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a las prestaciones por desempleo de las personas que trabajan en el ámbito del hogar. Celebramos que el Real Decreto-ley incorpore nuevos derechos laborales y de protección por desempleo a las más de 800 mujeres trabajadoras que actualmente conforman el sector de empleadas al servicio del hogar en la provincia de Palencia, medidas todas ellas que venían siendo reclamadas por CCOO desde hace décadas».

No obstante, Villamediana recordó que «pese a la valoración general positiva de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros y desde CCOO debemos también poner de manifiesto el hecho de que se trata aún de una reforma que no ha sido negociada en el ámbito del diálogo social.