El 92 por ciento de las empresas de Castilla y León no están pudiendo transferir la subida de costes energéticos a sus clientes, a pesar de que todas ellas se están viendo afectadas por la subida del precio de la electricidad y casi el 70 por ciento por la subida la del gas. Así lo pone de manifiesto una reciente encuesta elaborada por la Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) entre 170 sociedades de la Comunidad. Un estudio tras el que la asociación empresarial autonómica  urgió nuevamente a la Junta la adopción de medidas que sirvan para paliar la «grave situación» derivada del incremento de los costes energéticos, que afecta de «manera límite a los márgenes empresariales y que, en algunos casos, puede poner en peligro la continuidad de la actividad económica».

Frente a esta preocupante situación, EFCL demandó la supresión parcial y temporal de los impuestos vinculados al gas y la electricidad y mayores incentivos para la implantación de las energías renovables en las empresas. También propone ampliar las ayudas en financiación –subvenciones y préstamos blandos– para inversiones en autoconsumo (gas y eléctrico), e implementar procedimientos abreviados de tramitación de instalaciones de autoconsumo, permitiendo el vertido de excedentes hasta un porcentaje de la potencia contratada, estableciendo prioridad de acceso y conexión a la red.

En un documento remitido al Ejecutivo autonómico, la asociación advirtió que, de no adoptarse las medidas adecuadas y con carácter urgente, «peligran inversiones y empleo en Castilla y León, además de existir el riesgo de paralización, cierre o deslocalización de empresas». Igualmente piden ampliar a otras actividades económicas las ayudas existentes, en especial para sectores tan críticos como el agroalimentario y el automóvil. En su escrito, Empresa Familiar recordó que la escalada de los costes energéticos es una de las principales preocupaciones actuales para las empresas, que «ven limitada gravemente su capacidad competitiva».