Equiparar las condiciones laborales de los 407.677 empleados del hogar que existen actualmente en España con las del resto de trabajadores será uno de los grandes retos que afrontará el próximo Gobierno, que deberá encontrar antes de 2021 una solución para el principal problema del gremio: implementar su protección por desempleo, al ser el único régimen que no disfruta de ella en el país.

Terminar con la precariedad de estos profesionales es también uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que denuncian además los agravios contra un colectivo compuesto, en su mayoría, por mujeres de origen extranjero.

Desde que se creó en 2012, el sistema especial de empleados del hogar sigue teniendo características propias que lo diferencian del Régimen General, con el que debía haberse equiparado plenamente el 1 de enero de 2019. No obstante y ante la falta de avances realizados, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recogían una enmienda del PP con la que se ampliaba a 2023 el plazo para su equiparación total, si bien el actual Ejecutivo recortó posteriormente a 2021 el período transitorio.

En busca de la igualdadEn la actualidad, el sistema especial de empleados del hogar cuenta con un tipo de cotización por contingencias comunes del 28,3% (el 23,6% a cargo del empleador y el 4,7%, del trabajador) y con uno por contingencias profesionales del 1,5%, solo del empleador.

Asimismo, una vez entre en vigor, la cotización a la Seguridad Social se calculará en función de los ingresos reales del asalariado y no teniendo en cuenta unos tramos salariales, como en la actualidad.

Pero la protección por desempleo es, además del principal escollo, uno de los requisitos para que el Gobierno pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal, y que es una demanda de sindicatos y oposición.

Con el objetivo de elaborar una regulación sociolaboral para este gremio y articular su protección por desempleo, el Ejecutivo y los agentes sociales constituyeron en los últimos meses un grupo de trabajo, que está paralizado tras la convocatoria de elecciones.

Como explica el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, dar cobertura a estas situaciones de desempleo requiere tener en cuenta las características del ámbito en el que se desarrolla la actividad: el familiar.

Otra de las diferencias es la generalización del empleo por horas, lo que podría ser solventado, tal y como apunta el secretario de Protección Laboral y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, adaptando la protección por paro que se reconoce en el modelo de contrato a tiempo parcial.

Una segunda alternativa sería implantar un sistema específico para el sector, al igual que en su momento se ideó el del cese de actividad para los autónomos, señala la responsable del Departamento de Migraciones del sindicato UGT, Ana María Corral.

Y es que dar cobertura por desempleo a los trabajadores del hogar ayudaría además a atajar el trabajo irregular, afirma Bravo, porque «para los trabajadores el incentivo para darse de alta es mayor».

Para Suárez, acabar con el fraude en este gremio «es un asunto extremadamente complicado», porque se desarrolla en el domicilio de las familias y se escapa al control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una situación que también reconocen los sindicatos, que abogan por incentivar y concienciar a las familias.

De este modo, el responsable de Protección Laboral de CCOO llama a mantener los incentivos actuales (reducción de la cuota del 20% para el empleador, que se amplía con una bonificación de hasta el 45% en caso de familia numerosa), algo que para Suárez es «razonable mantener durante algún tiempo», si bien dependerá del Ejecutivo que haya en cada momento.