El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto ley por el que acomete un incremento adicional del 1,5 por ciento de las retribuciones del sector público para 2022, que se aplicará sobre las vigentes a 31 de diciembre pasado, de forma que "se consolidará" un aumento retributivo global máximo para este ejercicio del 3,5 por ciento.

A pesar de poder efectuar el pago hasta el 31 de marzo de 2023, la Junta realizará un "esfuerzo económico" en favor de todos los empleados públicos, con lo que ya se materializará esta mejora en la nómina del mes de noviembre de este año. Se abonará como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. Asimismo, en consonancia con la regulación del mismo Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre, se adapta diversa normativa autonómica en materia energética.

Este decreto ley se enmarca en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Así, se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción de consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad de tu energía (SE+)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. En consonancia, resulta necesario trasladar a la normativa autonómica el incremento retributivo del 1,5 por ciento para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León.

Por tanto, el Consejo de Gobierno aprueba la regulación que establece el apartado 2 del artículo 23.1 del citado Real Decreto-ley y permite adaptar la regulación autonómica a la nueva normativa.

Asimismo, la Junta señaló que la legislación, las mejoras técnicas y la experiencia adquirida en los últimos meses aconsejan adaptar la normativa autonómica en la materia. Se refiere al Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, el mencionado Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, y al reglamento UE 2022/1369 del Consejo, de 5 de agosto de 2022, en que se plasma el acuerdo del Consejo Extraordinario de ministros de Energía, celebrado el 26 de julio en Bruselas.