Fue una de las noticias mediáticas en su momento y que fue desvelada en junio de 2018 por Diario Palentino: La Guardia Civil detuvo al gerente de una empresa radicada en Villamuriel de Cerrato supuestamente por colocar una cámara en los aseos de señoras para captar imágenes de las empleadas.
El caso tendrá su culminación mañana con la celebración de la vista oral en el Juzgado de lo Penal, un juicio que se celebrará a puerta cerrada salvo para los testigos y peritos, por orden de la magistrada que preside la Sala.
Hay que recordar que el Ministerio Fiscal ha solicitado provisionalmente para, J.C.R., de 54 años, una pena de cuatro años de prisión y una multa global de 7.200 euros como presunto autor de un delito continuado contra la intimidad por revelación de secretos.
Según el escrito de calificación provisional suscrito por el Ministerio Público, los hechos se conocieron sobre las 15 horas del día 5 de junio de 2018 como consecuencia de un hallazgo casual de una micro cámara, en las dependencias destinadas al aseo de mujeres.
Visionadas las imágenes contenidas en la tarjeta USB de la misma, la Fiscalía constató que se apreciaba a diversas empleadas de la citada empresa en los aseos mientras realizaban sus necesidades fisiológicas. Estas imágenes fueron entregadas posteriormente a la Guardia Civil para su estudio. Según suscribe el Fiscal, el dispositivo fue colocado con la finalidad de obtener imágenes de las empleadas.
esfera íntima. Para el fiscal, estas imágenes «atentan a su intimidad, dado el lugar reservado donde se captan (aseos), así como por la actividad objeto de la captación, perteneciente a la esfera íntima».
Una vez conocidos los hechos, la investigación policial continuó y, así las cosas, sobre las 16,55 horas del día 6 de junio se practicó un registro en el domicilio del acusado situado en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde se le intervino un disco externo y una micro cámara, conteniendo una tarjeta de memoria USB. Al día siguiente, en otro registro realizado en su despacho profesional, se le intervino un lector de tarjetas de memoria y puertos USB, además de su teléfono IPhone X.
La Fiscalía subraya que el personal de la empresa, una vez despedido el gerente de la misma, entregó a la Guardia Civil una memoria USB bajo la apariencia de una tarjeta de visita de la marca TATA y un pendrive espía de la marca Unotec.
Igualmente, proporcionaron a la investigación varios correos electrónicos de la cuenta de correo corporativa del acusado, donde constaba que había otros dispositivos análogos al hallado en los aseos. La Fiscalía relata que estudiado el material informático ocupado a J.C.R. se pudo constatar e identificar en algunas de las imágenes a cuatro empleadas. Asimismo, del estudio del teléfono Iphone X, al parecer, se pudo comprobar que el procesado citaba a las empleadas a su despacho profesional para a realizar grabaciones por debajo de su mesa de trabajo, donde el acusado captaba sus partes intimas y su ropa interior. En estas imágenes se ha podido identificar a dos de las cuatro mujeres. En cualquier caso, el fiscal mantiene que no consta que el material se haya transmitido a terceros.
36 AÑOS DE PRISIÓN. Por su parte, la acusación particular ejercida por nueve de las empleadas de la empresa que se sienten perjudicadas ha solicitado para J.C.R. una pena global de 36 años de prisión, multa y unos 54.000 euros de indemnización global por los hechos descritos. La acusación particular entiende, a diferencia de la Fiscalía, que J.C.R. es presunto autor de nueve delitos contra la intimidad de las personas (uno por cada perjudicada).