La pandemia de la covid-19 cada vez queda más atrás pero sus estragos socioeconómicos se arrastran hasta nuestros días. Ochenta mil personas se vieron arrastradas al riesgo de pobreza y exclusión social a causa de la torsión a la que el coronavirus sometió a Castilla y León. Una cifra que eleva por encima del medio millón la población vulnerable, con 426.000 personas pobres, 150.000 con privación material severa y 140.000 con una baja intensidad de empleo –principales indicadores de la tasa Arope–, siendo las mujeres y los menores de edad los principales afectados. Esto se traduce en que casi uno de cada cuatro castellanos y leoneses –el 23,1 por ciento– está en riesgo de pobreza y exclusión, cuatro puntos más que antes de la covid, y que convierte a Castilla y León en la segunda de España en la que más ha aumentado esta tasa Arope.

Una dura realidad que saca a la luz el XII Informe 'El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León post covid-19', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), y que se presentó ayer, donde se señala que el indicador Arope ha pasado del 19,4 por ciento en 2020 al 23,1 por ciento en 2021 en Castilla y León. Es decir, 3,7 puntos más mientras que en el caso del conjunto nacional, la tasa ha subido ocho décimas, hasta el 27,8 por ciento. Pese al incremento registrado en la Comunidad, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social está por debajo de la media de España. 

El estudio pone de manifiesto como la tasa Arope ha crecido «notablemente» a lo largo del último año entre las mujeres, lo que ha significado un aumento de la brecha de género, que es la más alta de todo el periodo analizado, hasta situarse en el 25 por ciento frente al 21,2 por ciento de los hombres. En cuanto a los castellanos y leoneses de menos de 18 años, son el colectivo con las mayores tasas de Arope, con el 29,8 por ciento.

Imagen de una persona durmiendo en una calle de Valladolid. - Foto: Ical

Mejores condiciones

El presidente autonómico de EAPN, Óscar Castro, valoró que Castilla y León mantiene «mejores condiciones» de vida que el resto de España pero advirtió que la tasa de privación material y social severa alcanza ya el 6,1% (frente al 4,1% en 2021). Además, había 426.000 personas pobres en la Comunidad, un 17,9 por ciento de su población. Un dato preocupante es que, según EAPN, son 63.000 más que el año anterior. Por otra parte, el informe refleja que el 33,4 por ciento de la población no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos o que el 14,3 por ciento no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Junto a esto, está el dato que el 29,2 por ciento de las personas pobres gasta en vivienda más de la mitad de su renta, cuando lo recomendable es no sobrepasar el 33%, y casi la mitad de las mujeres (48,1%) que percibe una pensión está por debajo del umbral de la pobreza.

Reducción de la clase media

La crisis ha provocado un aumento de la desigualdad en Castilla y León al acelerarse el descenso de las rentas entre los más pobres y su repunte entre los más ricos. Algo que puntualizó el coordinador de EAPN, Jonathan Sánchez, al reseñar que el 20% de la población con mejores ingresos de la Comunidad recibe una renta cinco veces superior a la del 20% más pobre o que el diez por ciento más rico recibe 8,6 veces lo que ingresa el diez por ciento más pobre.

Entre las medidas que plantea la institución para mejorar estas tasas de pobreza y exclusión social en Castilla y León están la del desarrollo de servicios sociales «más próximos» y con más recursos para atender a la población; sistemas de rentas sociales que garanticen los apoyos necesarios para que las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida; políticas activas de empleo que permitan la igualdad de oportunidades de acceso; medidas para acabar con la brecha digital; acceso «efectivo y ecuánime» a la sanidad, especialmente en el medio rural, y políticas de vivienda que garanticen el acceso a todas las personas. 

«En definitiva, garantizar una sociedad donde todas los individuos tengan las mismas oportunidades de desarrollo», expusieron los autores del informe durante el acto, algo que, según el presidente de la organización, pasa por conseguir una política fiscal «equitativa, justa y solidaria» para todos los habitantes.