Habitualmente no es tarea fácil propiciar consensos entre la patronal y los sindicatos, pero esta situación se ha revertido con el anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo -en manos de Vox dentro del acuerdo de Gobierno con el PP  en la Junta- de disolver la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla). La posible desaparición de este organismo tripartido de mediación y resolución de conflictos colectivos laborales ha derivado en la provincia en un frente común por parte de UGT, CCOO y CEOE Empresas de Palencia, que se oponen con rotundidad al desmantelamiento de un instrumento fruto del Diálogo Social que se creó en 1997. En el caso de la provincia, el Serla atendió en 2022 un total 32 expedientes, propiciando más de un tercio de acuerdos favorables.

Las reuniones para intervenir en conflictos colectivos con mediadores del Serla, en el caso palentino se han llevado a cabo ocasionalmente en las instalaciones que sindicatos y patronal ocupan en su edificio de la plaza de los juzgados, y en tiempos de pandemia en el centro de FP Integrado del Camino de la Miranda cuando se precisó de mayor espacio.

Los dos sindicatos mayoritarios y la patronal han puesto de manifiesto que en los últimos 25 años este organismo de conciliación ha proporcionado soluciones y acuerdos que ponen el fin de las situaciones de conflictividad colectiva a nivel laboral dilatadas y enquistadas en la relación de empresas y trabajadores, dotándolos de seguridad jurídica y permitiendo evitar una judicialización.  Prueba de ello es que en 2022 la Fundación tripartita gestionó en la Comunidad en torno a 341 expedientes colectivos de los cuales 109 terminaron con avenencia, lo que redundó en un a reducción de huelgas y casos que bloquean los Juzgados de lo Social.

3 de cada 10 mediaciones sin resolver si se disuelve el Serla - Foto: Óscar Navarroestatuto del trabajador. Los sindicatos y la patronal que forman parte de la Fundación Serla coinciden de forma unánime en que este organismo tiene la facultad exclusiva, marcada por el Estatuto de los Trabajadores, de proceder a la mediación en conflictos colectivos y actuar como responsable directo de mantener controlado el incremento de la conflictividad laboral en la provincia.

De hecho, UGT, CCOO y CEOE Empresas criticaron que la eliminación de la financiación dirigida a este pilar fundamental de las relaciones laborales en los presupuestos de la Junta para el ejercicio 2023 supone, no solo un claro incumplimiento de normas y sentencias judiciales, sino también que se origine una grave situación de incertidumbre e indefensión ante los señalamientos que están ya programados. «Nadie desde la Junta nos ha dicho  todavía dónde vamos a tener que ir si se concreta la disolución del Serla a dirimir estos conflictos o, dónde se van a resolver los posibles bloqueos y descuelgues de convenios colectivos, puesto que en la actualidad dependen exclusivamente de este organismo», según apuntaron desde UGT.

PETICIÓN AL MINISTERIO. De hecho, CCOO y UGT de Castilla y León remitieron hace unos días una carta al Ministerio de Trabajo donde le solicitan que actúe «de forma rápida y contundente» ante la «ilegalidad» de la disolución del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta.

3 de cada 10 mediaciones sin resolver si se disuelve el Serla - Foto: Sara MuniosgurenEl Patronato de la Fundación Serla aprobó el pasado 13 de enero el inicio de la tramitación para su eliminación al carecer de financiación pública porque en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2023 no aparece dicha partida económica como venía siendo habitual en los últimos 25 años. La Fundación Serla tiene actualmente un director y seis trabajadores y gestiona en torno a 4.500 conflictos individuales laborales Valladolid y 341 colectivos a lo largo el pasado año en la comunidad.

En un comunicado, ambas organizaciones consideraron que que esta medida es «una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales», algo que «conlleva el incumplimiento de varias normas esenciales que sirven de apoyo a empleados y empresas».

Además, recordaron que existe una sentencia del Tribunal Supremo, tras un recurso de casación, de 30 de julio de 2020, por la cual en Castilla y León el requisito previo y preceptivo de mediación contemplado en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se tiene que llevar a cabo de manera exclusiva en el Serla.

La Junta garantiza la prestación del servicio a través de medios internos

La Junta señaló que garantizará la prestación de la mediación en conflictos laborales mediante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) -cuya disolución se ha iniciado- como con los medios «internos» a través de funcionarios de las nueve oficinas territoriales de Trabajo en todas las provincias. Tras la reunión del Consejo de Gobierno del viernes, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ofreció «la garantía y tranquilidad» para continúe el servicio de mediación a trabajadores y empresarios.

«No se concibe suprimir algo que ayuda   tanto a reducir la conflictividad laboral»

El secretario provincial de UGT, Gorka López, explicó que el Serla surgió del resultado del consenso entre la Junta y los agentes sociales y económicos y que,  a lo largo de años de mucho esfuerzo, ha conseguido unas relaciones laborales mucho más fluidas, ahorrando recursos humanos y económicos con muy buenos resultados. A su juicio «no se concibe» que se quiera disolver un organismo «que ayuda tanto a reducir la conflictividad laboral en la provincia y que evita además su judicialización, favoreciendo el diálogo y la negociación para su solución entre los propios afectados con imparcialidad e intermediación, consiguiendo un beneficio social y empresarial» . Según señaló, el Serla iba a jugar un papel clave este año dentro de un contexto como el actual de bloqueo de la negociación colectiva. «Resulta dramático que se cuestione su funcionamiento y la labor de quienes realizan las mediaciones y arbitrajes en nuestro territorio, cuando los juzgados de lo social de la ciudad se encuentran absolutamente desbordados», concretó.

«Hay gente que solo pretende cargarse lo que cumple una función muy válida»

La secretaria provincial de CCOO, Elena Villamediana, se mostró contundente ante las últimas decisiones de la Consejería Industria, Comercio y Empleo, de la mano de la formación política Vox. «No sabemos lo que nos puede venir de aquí a unos meses, dado que hay gente que, cuando hay órganos que tienen una función válida, solo quiere cargárselos. Simplemente, quitan la financiación que existía y se acabó».  Así lo expreso frente al desmantelamiento de las políticas públicas de relaciones laborales, prevención de riesgos, igualdad y formación para el empleo. «No podemos permitir que se quiten derechos adquiridos y las organizaciones sindicales hemos pedido apoyo al Ministerio de Trabajo, cuya titular, Yolanda Díaz, ha solicitado explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la parcela de Gobierno del PP, porque del lado de Vox ya ha dicho lo que hará y es anular ta la financiación para que el Serla desaparezca. Tenemos que entenderlo como un ataque a la clase trabajadora al dilapidarse la idea anterior de la Junta de trasladar la mediación laboral individual y colectiva a todas las provincias», enfatizó.

«Estamos mirando aspectos legales para que no se pare este servicio provincial»

El presidente de la patronal CEOE Empresas de Palencia, José Ignacio Carrasco, se mostró partidario de mantener con mecanismos legales el servicio de mediación que presta el Serla. «Todos estamos a una a la hora de plantear al actual consejero de de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que se vuelva a la situación anterior iniciada con la entonces consejera Carlota Amigo. En Valladolid se empezó una implantación a prueba y funcionó bien, por lo que la Junta hizo un estudio para que hubiera oficinas en todas las provincias y ya había apalabrados locales para actuar tanto en la resolución de conflictos laborales colectivos como individuales, al no existir sedes fijas», expuso Para evitar que se suprima un instrumento de Diálogo Social que se considera primordial, José Ignacio Carrasco puso como ejemplo a la comunidad de Aragón. «Allí se acumulan décadas de éxito en  cifras mínimas de conflictividad laboral. De lo que se trata es de no llegar a juicio, dado que de media cada proceso de este tipo cuesta 3.000 euros», concluyó.