José Cabrera Forneiro, el psiquiatra televisivo que participa habitualmente en programas como Cuarto Milenio, en Cuatro, o Espejo Público, de Antena 3, se convirtió ayer sin proponérselo en una de la grandes novedades de la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial donde se juzga a J.F.P.J. y para quien el fiscal pide una pena global de 24 años de prisión -la acusación particular y la Asociación Clara Campoamor aumentan considerablemente esta petición de penas - como presunto autor de hasta nueve delitos cometidos contra su esposa, incluido un delito continuado de violación.
Cabrera Forneiro acudió a Palencia en calidad de perito forense solicitado por la defensa del acusado. Hay que recordar que ejerce la psiquiatría clínica y la medicina legal privada en Madrid. Es académico de la Academia Médico Quirúrgica Española y ha sido presidente de la Sociedad Española de Toxicología Clínica; director General de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y experto de la Agencia Española del Medicamento y de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos (EMEA).
Por lo demás, la segunda jornada del juicio prosiguió con las pruebas testificales y la presentación de los informes forenses propuestos por las partes y la autoridad judicial instructora del caso. Asimismo, también fueron llamados al Estado agentes de la Policía Nacional que investigaron el caso que se juzga.
Para la jornada de hoy está prevista la lectura de los informes finales de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima, la Asociación Clara Campoamor que ejerce la acción popular y la defensa del acusado antes de que el juicio quede visto para sentencia.
El fiscal imputa concretamente a J.F.P.J. un delito continuado de violación con uso de violencia o intimidación especialmente degradante (15 años de cárcel y otros ocho de libertad vigilada); tres delitos de maltrato (un año por cada uno); un delito continuado contra la integridad moral (dos años); un delito continuado de amenazas leves (1 año); un delito leve contra la integridad moral (localización permanente); un delito de maltrato habitual (2 años); y un delito continuado de coacciones leves (un año).