La ejecución de la sentencia de la calle Jardines es el principal desvelo que ocupa la mente de Mario Simón, alcalde de Palencia. Hace una semana vio cómo la oposición tumbaba la solución que, de mano de la Diputación, ha diseñado en los últimos cuatro meses; el único camino -está convencido de ello- que lleva a cerrar de una vez por todas un problema que lleva más de una década amenazando las cuentas municipales.

Usted ha asegurado que la solución propuesta para ejecutar la sentencia de la calle Jardines es «la única solución viable económica y técnicamente». ¿Por qué lo es?

En el pleno del pasado 19 de octubre se aprobó la adhesión al Fondo de Impulso Económico para la ejecución de la sentencia. Ese acuerdo recibió el apoyo de Cs y PP, la abstención de Ganemos y del PSOE y el voto en contra de Vox. Esta es una herramienta imprescindible para cumplir la sentencia porque la norma impide obtener la financiación, pública o privada, para pagar intereses, mientras que este fondo sí nos permite incluir esos 9 millones en esa financiación.

Dos días después, el 21 de octubre, tuvimos otro pleno en el que el PSOE presentó una moción que obtuvo los votos a favor de Ganemos, Ciudadanos, PSOE y PP, es decir, de 24 de los 25 concejales del Ayuntamiento. Ese acuerdo dice que se solicitará a la Diputación que elabore un programa financiado por la institución provincial, con la fórmula jurídica que considere, al que el Ayuntamiento pueda acceder por cuantía correspondiente a los intereses generados hasta el 24 de diciembre de 2021, además de un amplio plazo de justificación.

Este acuerdo se mejoró en la solución que presentamos en que la Diputación, además, mostraba su voluntad de que el importe de las inversiones fuese equivalente a la cantidad de intereses generados hasta en el momento en el que publique dicho fondo. Es decir, que pueden ser 9,5 o 9,6 millones, ya que se incluyen los intereses que se están generando ahora mismo. Además, también se hacía referencia a un plazo más amplio de justificación de las inversiones.

En el punto número 2 de la moción, se dice que se iniciarán los trámites de manera inmediata para una promoción de vivienda pública en las parcelas que recibirá el Ayuntamiento; y, en el número 3, que la Diputación haría pública la solución antes del 24 de diciembre. 

Todo esto está recogido en la solución que presentamos al pleno la semana pasada y cuenta con el respaldo técnico y jurídico de ambas instituciones. 

¿Y por qué, en vez de pagar 26,7 millones y acceder a una línea de subvenciones por valor de 9,5 millones, no se condona desde el principio esa cantidad como ha solicitado Vox, por ejemplo?

Porque puede darse una controversia a la hora de acreditar el cumplimiento de la sentencia. El fallo judicial específica muy claramente que se condena al Ayuntamiento a pagar los 17.431.778,32 euros del justiprecio que se fijó por la dos parcelas expropiadas de la calle Jardines, más los 1.732.975,67 euros de los intereses hasta la firma del convenio de 2010; y desde entonces y hasta que se haga efectivo el pago, los intereses de demora que son 7.713.994,76 a 31 de julio de este año. 

Esa sentencia hay que cumplirla íntegramente. Si luego la Diputación con ese dinero constituye unos fondos patrimoniales dentro de su norma y los distribuye tal y como ha manifestado públicamente su voluntad de hacerlo... es otro asunto fuera de la ejecución de la sentencia, pero nosotros debemos cumplir la sentencia íntegramente y pagar. Además, el resultado neto de lo que propone Sonia Lalanda y lo que proponemos nosotros es el mismo. La diferencia es que nuestra propuesta tiene el respaldo jurídico y normativo.

Explique a un ciudadano de a pie en qué consiste la solución que proponen

La solución que queremos dar a la calle Jardines tiene diferentes fases. En un primer momento está el acuerdo de ejecución de sentencia, después la solicitud y formalización del préstamo con el fondo para el cumplimiento de sentencias y, en tercer lugar, el pago a la Diputación, que se produce de manera automática. Todos estos puntos dependen del pleno del Ayuntamiento.

La cuarta fase sería la incorporación por parte de la Diputación de ese ingreso extraordinario en su presupuesto y que fije la constitución del fondos, los criterios y bases de distribución, el plazo de justificación y las finalidades. Estas tienen que ser propias del patrimonio provincial del suelo porque ese dinero procede de su suelo, de las dos parcelas que expropia el Ayuntamiento. Estas fases dependen del pleno de la Diputación.

La clave de este asunto es que la Diputación en ningún momento puede perder o renunciar a los fondos procedentes de su patrimonio, que fue valorado en justiprecio por las parcelas en 17.431.778,32 euros. La única cantidad que son ingresos adicionales son los derivados de los intereses de demora, 9,5 millones de euros. La solución propuesta es la distribución por parte del pleno de la Diputación de todos esos fondos entre los municipios de la provincia, incluida la capital, correspondiendo a nuestra ciudad una parte importante para actuaciones e inversiones que deberemos justificar. 

¿Qué consigue el Ayuntamiento con eso? Ser beneficiario de una subvención o distribución de fondos de la Diputación que podrá destinar a  inversiones o actuaciones, y así liberar crédito para iniciar el proceso de amortización de los 26,7 millones.

¿Por qué no se dedica ese dinero, por ejemplo, a inversiones en la ciudad?

Sí se dedica a inversiones o actuaciones en la ciudad, pero a las ya presupuestadas; no habrá adicionales porque la prioridad es amortizar al menos 7,5 millones de euros este mismo año. El informe de la intervención es muy claro: el Ayuntamiento, actualmente, debe 27 millones de euros, un 40,6%, y tiene un ahorro neto positivo que permite mantener su operatividad y obtener financiación adicional. Al sumarle los 26,7 millones de la sentencia, el endeudamiento alcanzará los 53,1 millones y un nivel del 81,6%, que si bien permitiría cumplir la estabilidad presupuestaria, el ahorro neto saldría negativo porque tendríamos unas obligaciones anuales de 2,6 millones a quitar del circulante, lo que nos axfisiaría. 

La operación que proponemos es realizar en el 2022, este mismo año, al menos una amortización de 7,5 millones de euros, lo que nos permitirá recuperar el ahorro neto positivo y conservar la operatividad con un nivel de deuda del 45%. 

Nuestra propuesta es amortizar  7,5 millones este mismo ejercicio y en torno a 15,5 millones en 2023. Para ello, procederemos al desarrollo urbanístico de las parcelas de la calle Jardines, que tienen una valoración de en torno a los 9.000.000 euros, ya que así también cumplimos con otro punto de la moción ya que solo se pueden destinar a VPO; y esperamos tener algunos ingresos extraordinarios de venta de parcelas y remanentes, unos 6,5 millones. De hecho, ya hay procesos de venta de suelo iniciados.  

Al finalizar 2023, la deuda del préstamo para cumplir con la sentencia quedaría reducida, en un escenario nada positivo, a 3,5 millones, quedando la deuda total del Ayuntamiento en torno a un 44%, unos 29 millones.

Pero su planificación depende de qué ocurra en las elecciones municipales del año que viene. No se sabe quién gobernará el Ayuntamiento ni la Diputación, si se respetará esta propuesta... Si no hay un acuerdo público entre usted y Ángeles Armisén, ¿qué garantías hay?

No dependerá de las elecciones porque todo va a quedar programado antes y los técnicos municipales velarán para que se ejecute la planificación diseñada en la solución. Otra cosa son los pasos que hay que dar, pero en un mes y medio, si se aprueba la ejecución de la sentencia, se pide el préstamo y se pagan los 26,7 millones; y entre mayo y septiembre, la Diputación tiene la voluntad política de incorporarlo a su presupuesto y hacer la distribución. En el momento en el que la institución provincial saque esa línea de subvenciones, el Ayuntamiento concurrirá a ella por el importe de los intereses, de esos 9,5 millones de euros, y justificará su destino. El Consistorio ya tiene todo preparado para recorrer ese camino, y lo bueno es que están los técnicos de las dos instituciones supervisando este proceso.

Pero, insisto, no hay nada firmado. En 2010, Heliodoro Gallego y Enrique Martín se sentaron a la misma mesa y firmaron un acuerdo, pero ahora no hay ninguna escenificación pública de ese pacto

Es que aquel acuerdo fue el que nos ha traído aquí. Imagine que Ángeles Armisén y yo firmamos este acuerdo y salimos en los medios de comunicación, ¿sabe cuál es el problema? Que no sería un acuerdo legitimado ya que corresponde a los plenos, no al alcalde o a la presidenta de la Diputación. 

¿Pero no se puede hacer al revés, se podría redactar el acuerdo, tramitarse en los órganos correspondientes y una vez que esté aprobado, proceder a su firma?

Sí, pero el problema es que hasta que la Diputación no reciba el dinero, no lo puede incorporar a su presupuesto, un paso necesario para iniciar el expediente, ya que no hay reserva de crédito. Fue algo de lo que nos avisaron los técnicos, que no se podían inventar un expediente sin tener el dinero. Es un problema de tiempos y por eso se ha puesto de manifiesto públicamente la voluntad política de hacerlo. 

¿Qué pasa si la Diputación no cumple?

Es evidente el compromiso de la presidenta de la Diputación y del alcalde por solucionar este problema. La seriedad con la que hemos trabajado en este asunto y la voluntad política es clara y manifiesta, está fuera de toda duda. Por eso, aprobamos una moción en esos términos, hemos realizado declaraciones públicas y mantenido reuniones de trabajo junto a nuestros técnicos y habilitados con todos los grupos políticos de ambas instituciones, que son los que tienen que ratificar los pasos para contar con el respaldo mayoritario en sus plenos. No tiene ningún sentido que la oposición en el Ayuntamiento desconfíe, porque serán los primeros que tendrán que respaldar en el pleno el proceso. 

¿Por qué la solución técnica no ha incorporado solares y se va a pagar todo en efectivo? Esa opción se manejó desde el principio pero no han contado por qué la descartaron

Es económicamente más rentable nuestra solución por tres razones. La primera es que pagando en metálico, Palencia se beneficiaría como un municipio más de los fondos que distribuirá la Diputación. En segundo lugar, el Ayuntamiento no tiene tantos solares y también están las diferencias de valoración. Los precios de una parcela para VPO pueden variar hasta un 40%, así que en cada una de ellas entraríamos en un conflicto de valoración con la Diputación. Y en tercer lugar, están los impuestos entre instituciones asociados a las parcelas, lo cual perjudica los intereses municipales. 

En definitiva, pagar en solares impediría la constitución del fondo de Diputación y ser beneficiarios del mismo. Recurrir a los solares no solucionaría el problema, lo dilataría otro año y generaría otro medio millón de intereses por el camino. La solución que hemos propuesto es mejor y la oposición lo sabe. 

¿Le sorprendió que la oposición tumbara su solución en el pleno de la semana pasada?

Me decepcionó, porque la solución está basada en un acuerdo plenario  con 24 votos a favor. Hay que cerrar este asunto y apelo a la responsabilidad de todos ya que genera 1.600 euros de intereses al día y si no se resuelve de manera inminente no dará tiempo a realizar todos los pasos en ambas instituciones y el problema de la calle Jardines quedará sin arreglo. Esta solución está diseñada para que el problema quede acabado en este mandato y amortizada la deuda en su mayor parte. No quiero comprometer al próximo que venga. 

El PSOE ha manifestado que ve bueno y técnicamente viable la solución. Esto no supone que renuncie a solicitar a la Diputación el arreglo del camino de San Román o cualquier otra inversión o mejora en cualquier municipio de Palencia, incluyendo la capital, pero hay que separar la necesidad de cumplir la sentencia con una buena solución de sus legítimas reivindicaciones políticas. 

El PSOE ha solicitado como condición para su apoyo que la Diputación destine tres millones de euros a algún bien de titularidad provincial en la capital. ¿Van a aceptarlo o negociarlo?

Una de las cosas que más nos está costando en todo este asunto es que no se asume la realidad: hay una condena explícita al Ayuntamiento que nos obliga a pagar 26,7 millones de euros. Si alguien le debiese al Consistorio 26 millones y dice que me lo paga con condiciones, le diría que lo que tiene que hacer es pagarme sin condiciones. Todo lo que he negociado ha sido en base a los dos acuerdos adoptados por el pleno el 19 y el 21 de octubre, y son tan válidos como el que llevamos la semana pasada y fue rechazado por los grupos de la oposición.

Lo único que se consigue con esa propuesta es un perjuicio político y el descrédito de la institución, pero no arregla el problema como nos demanda la sociedad. La solución, insisto, es clara: el Ayuntamiento cumple con el pago de los 26,7 millones y la Diputación ha manifestado que va a invertir en la capital y que va a dar una amplia flexibilidad a la justificación de las ayudas que conceda, lo que a nosotros nos va a permitir minorar nuestro endeudamiento.

Luego, podemos gestionar con independencia cualquier petición, si bien, lo más lógico es que se negociasen entre los representantes de las distintas fuerzas políticas en el pleno de la institución provincial. 

Mi compromiso político es que cuando lleguemos a las elecciones, este asundo esté practicamente finiquitado en su mayor parte. Ese es mi compromiso personal. 

¿Por qué han decidido vincular la solución al presupuesto de este año?

Con los presupuestos, lo que hacemos es evidenciar y demostrar que se puede cumplir la sentencia, que se pueden garantizar los servicios, que se pueden incrementar las partidas de las diferentes concejalías y las líneas de actuación del equipo de Gobierno, que se pueden hacer las inversiones que son necesarias en Palencia y que hay un plan económico y presupuestario realista para que al finalizar el mandato y el año 2023 el Ayuntamiento haya prácticamente amortizado el endeudamiento.

Si no se soluciona en los próximos dos meses, esto no tiene arreglo. Nunca en la historia de este problema se ha llegado a una solución, y ahora que se presenta una buena, económicamente viable y con el aval de los técnicos, el PSOE, Vox y Ganemos no la han apoyado, pero estoy convencido de que vamos a sacar adelante el presupuesto, cumplir con nuestra obligación y responsabilidad y ejecutar la sentencia tenemos. Para ello confío en seguir trabajando y que el PSOE forme parte de la solución.  

El hecho de haber presentado un presupuesto que recoge la solución de una manera práctica y visual, y que ve que no solo no se están recortando partidas y servicios, sino que se están incrementando. Espero que les haga cambiar de opinión y contar, al menos, con el apoyo del PSOE.