Un total de 810.367 personas, de las que 2.907 son palentinos, han pedido en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en ayuntamientos y consulados españoles que no se les envíe propaganda electoral de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, que suponen la repetición de las generales del pasado 28 de abril por la imposibilidad que ha habido de formar gobierno.
Según los datos facilitados por el INE, han sido 2.898 palentinos residentes en España, y 9 residentes ausentes las que han pedido que se les excluya del censo que se reparte a los partidos y que estos utilizan para enviar propaganda electoral a los ciudadanos.
Este es el número hasta el pasado 7 de octubre, la fecha tope para pedirlo y que fuera efectivo en estos comicios. Las peticiones que se reciban a partir de esa fecha no se aplicarán en las elecciones del 10 de noviembre y sí en las siguientes.
El mayor número de peticiones se ha producido en Madrid, con 155.219, con mucha distancia de la siguiente circunscripción, que es Barcelona, donde un total de 89.698 ciudadanos no quieren que les envíen a casa propaganda electoral del 10-N.
Les siguen Valencia, con 41.852 electores que rechazan la publicidad; Sevilla, con 39.865; Alicante, con 25.707; Zaragoza, con 24.736; La Coruña, con 20.503 y Cádiz con 20.255. El resto de provincias bajan de la cifra de 20.000 electores, aunque se aproximan mucho Granada, donde 19.161 ciudadanos han solicitado que no les sea enviada publicidad de los partidos; y Murcia, donde lo han hecho 17.935.
Donde menos ha habido, con menos de 3.000 peticiones, ha sido en: Melilla (903); Ceuta (1.044); Soria (1.897); Cuenca (2.280); Ávila (2.825); Zamora (2.864) y Palencia (2.907), por lo que la provincia ha sido la séptima con menos reclamaciones al INE.
La decisión de recibir o no propaganda electoral ha cobrando importancia debido a que las elecciones que se celebren el 10 de noviembre serán las cuartas en cuatro años. De hecho, cuando se convocaron estas últimas, surgieron campañas en las redes sociales en las que se pedía que no se enviara propaganda electoral, ya que la convocatoria de unas nuevas elecciones cuesta unos 140 millones de euros. Esta posibilidad de rechazar la propaganda electoral se aplicó ya en las elecciones del pasado 28 de abril y la medida es fruto de la reforma que se llevó a cabo en 2018 de la Ley Electoral General (Loreg).