El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, firmaron un protocolo de actuación por el que ambas administraciones colaborarán en los trabajos de control de cumplimiento de las cuarentenas. Esta tarea, que además de los inspectores de la Junta y las policías locales, contará ahora con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, empezará a aplicarse en las zonas con más incidencia y se desarrollará mediante controles aleatorios, que serán presenciales o telefónicos, para disuadir a la población de romper la cuarentena. Según el acuerdo sellado ayer, la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la covid-19, y, por su parte, esta apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por infracciones.
Tal y como explicaron los dos representantes, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado serán quienes, de forma presencial y telefónica, llevarán a cabo esos controles, que se harán de forma aleatoria. En el caso de que, aún así, no se respete el aislamiento, habrá un segundo nivel de actuación en el que, mediante los boletines de denuncias de la autoridad sanitaria, se apelará a la autoridad judicial para que ratifique el confinamiento. La previsión es que se empiece a trabajar en el contenido de este acuerdo de forma inmediata, y según reconocieron, se hará por las zonas de mayor incidencia.
En cuanto al número de efectivos que será necesario, el delegado del Gobierno explicó que, dado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y las policías locales tienen también «otros cometidos», habrá que trabajar en coordinación en los Cecopis para «diseñar» los controles para «aquilatar» el detalle de esos controles. Lo que por ahora se descarta es la posible intervención del Ejército en estas tareas, con lo que su presencia en la Comunidad se limitará a las tareas de rastreo. «Nadie nos ha trasladado la preocupación por que sea el Ejército», reconoció Izquierdo, a lo que Fernández Mañueco apostilló que «la ayuda del Ejército en los rastreos es más que suficiente».
Fernández Mañueco recalcó que la «obsesión» es «luchar contra el virus», y aunque descartó que la situación actual esté al nivel de la registrada en marzo o abril, apostó por tomar medidas preventivas o restrictivas en algunos casos. Además, explicó que las comunidades se encuentran «en primera línea de batalla» en cuanto a la gestión esencial y por ello tienen que estar «en la máxima defensa» de los servicios públicos esenciales.
Pese a las medidas adoptadas por la Comunidad, Fernández Mañueco insistió en que las administraciones no pueden «actuar solas» sino que requieren de «la colaboración de todos» con la «responsabilidad individual» de los ciudadanos, informa Ical. Izquierdo puso de relieve la importancia que tiene trasladar a la ciudadanía que tenga una PCR positiva o esté a la espera de hacerse la prueba tras haberse estado en contacto con un positivo la obligación de quedarse en casa.
Medidas tomadas en Madrid
Alfonso Fernández Mañueco afirmó que las medidas restrictivas adoptadas por la Comunidad de Madrid, que este ayer entraron en vigor, se adoptan con criterios sanitarios y benefician a España y a esta Comunidad. El presidente se refirió así a «decisiones que no gustan», en referencia a limitar la movilidad en determinadas áreas, pero expresó la solidaridad con la Comunidad de Madrid, con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y con su Gobierno, convencido de que se busca la protección de la salud y de la vida y con ellas se beneficia toda España. Por su parte, Javier Izquierdo defendió que las medidas adoptadas por Madrid se deben hacer desde el diálogo, ser comprensibles para la ciudadanía y centradas en el refuerzo sanitario para que los ciudadanos vean su utilidad.