9 pueblos exceden el plazo legal para el pago a proveedores

Rubén Abad
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El Consistorio de Revilla de Collazos acumula un retraso de 1.930 días, 64 veces más de lo permitido. La Diputación cumple en 15 días y el Ayuntamiento de la capital, en 10

9 pueblos exceden el plazo legal para el pago a proveedores - Foto: Tomás Fernández de Moya

El plazo medio de pago a proveedores es un concepto con el que conviven a diario las administraciones desde que en el año 2010 (Ley 15/2010, de 5 de julio) el presidente del Gobierno de por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, introdujera esta figura de control sobre las cuentas de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales, entre otros, para luchar contra la morosidad.


Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda de la útlima serie trimestral, doce corporaciones locales palentinas pagan a sus proveedores por encima de los 30 días legales que marca la norma actual. El caso más significativo es el de Revilla de Collazos, que suma un retraso de 1.930 días (algo más de cinco años), 64 veces de lo que permite la ley, si bien es cierto que la cantidad que adeuda asciende  a 1.538 euros, según Hacienda. 


Los siguientes municipios en la lista son Cervatos de la Cueza, donde tardan en pagar 652 días (la cantidad asciende a 17.563 euros); Cisneros, donde las facturas se abonan en un plazo medio de 549 días (34.996 euros pendientes); y Villamuriel de Cerrato, con una media de 147 días y 205.200 euros. Completan el ranking Fuentes de Valdepero (86 días y 13.924 euros), Venta de Baños (70 y 68.634) Villarramiel (57 y 14.095), Torquemada (48 y 25.684) y Villaluenga de la Vega (39 días y 2.410 euros), siempre según se recoge en el citado informe ministerial (disponible en www.hacienda.gob.es para su pública consulta).


Mención aparte merecen la Diputación, que cumple en 15 días, dos semanas antes de lo que estipula la ley como plazo máximo, y el Ayuntamiento de la capital, que lo hace en un plazo de apenas 10 días. Asimismo, destacar que hay ayuntamientos como, por ejemplo, el de Salinas de Pisuerga, que pagan las facturas el mismo día en el que se presentan. En cuanto a las mancomunidades, según los datos del Ministerio de Hacienda, pagan fuera de plazo Zona Campos Oeste, Zona Norte del Cerrato y Saldaña, en 1.315, 35 y 31 días, respectivamente.


PYMES Y AUTÓNOMOS

Según indica a Diario Palentino el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, los principales damnificados de estos retrasos en los pagos son los autónomos y empresas locales, «que pagan sus impuestos religiosamente, las nóminas a sus empleados, las rentas u alquileres cada mes; y muchos de ellos no cobran a tiempo». 


Esto les obliga, según apunta Cañete, a buscar financiación por otras vías, como acudir a entidades financieras para pedir créditos, recurrir a los créditos ICO, confiar en un aval o tirar de los ahorros en la cuenta corriente. Esta es, para muchos de ellos, la única forma que encuentran para hacer frente a los gastos fijos mensuales como a otros extraordinarios que puedan llegar. «Cobrar en el plazo que marca la ley es fundamental para su supervivencia», señala.


Una situación que ha empeorado con la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid. Al respecto, señalar que ha habido dos pasos: uno primero cuando se declaró el estado de alarma, en el que todo se paró y se incrementaron los plazos medios de pago, y uno segundo episodio, en el que han tendido a normalizarse.


Bien es cierto, como señalan desde PMcM, aunque se trata de ayuntamientos pequeños e importes mínimos, el hecho de que una corporación local no esté al día, «siempre lo pagan los mismos», que son los autónomos, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. «Aunque en términos relativos no son cifras astronómicas, no cobrar es un drama», reitera Cañete.


Y es que, según pone de manifiesto la Plataforma que él preside, no cobrar a tiempo reduce la dimensión de la empresa, porque le impide invertir; reduce su capacidad de actuación; encarece sus productos y, además, obliga al propietario a perder su tiempo en intentar cobrar en lugar de en producir. Repercute, por tanto, en la producción y en el empleo.


«Tiene que endeudarse, no para invertir, sino para financiar su circulante, para los gastos corrientes de su día a día», reitera la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, quien señala, asimismo, que «si te endeudas para invertir, por ejemplo, en digitalización o hacer más grande tu fábrica o tu almacén, estás haciéndolo para hacer algo productivo. Si te endeudas para pagar tus impuestos, lo haces solo para seguir trabajando».

 

MULTAS CONTRA LOS MOROSOS
La ley no deja lugar a la duda: 30 días es el plazo máximo en el que deben pagar a sus proveedores las administraciones públicas. Pero, ¿qué pasa si estas no abonan sus facturas dentro de este período? Según afirma la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), «no pasa absolutamente nada», porque no se impone ningún tipo de sanción a los incumplidores. Por este motivo, la entidad defiende que se establezca un sistema de multas a quienes paguen por encima de los plazos que marca la legislación vigente, una ley que ya ha llegado al Congreso de los Diputados, pero que aún está pendiente de aprobación. Sanciones que, según explica el presidente de PMcM, Antoni Cañete, no serán en términos económicos (una multa), sino que Hacienda se haría cargo de la deuda del Ayuntamiento, Diputación o Comunidad que no pague, y aplicaría unos intereses a la administración deudora.