El Partido Socialista de Castilla y León planteó ayer la necesidad de activar un plan de ayudas a hogares y empresas para hacer frente a las consecuencias de la crisis energética y la guerra de Ucrania. De hecho, tienden la mano al nuevo Gobierno autonómico para poner en marcha este paquete económico, que en su opinión debe incluir un fondo extraordinario de unos 160 millones de euros, si bien indicó que su diseño debe abordarse en el Diálogo Social, con los agentes económicos y sociales. El líder socialista, Luis Tudanca, fue el encargado de verbalizar esta demanda, ya que consideró que PP y Vox están ocupados en el reparto de «sillones» para formar gobierno en la Comunidad. El paquete económico esbozado por Tudanca recoge una ayuda directa contra la pobreza energética, que haga frente no solo al aumento del gasto eléctrico en los hogares, sino también al alza de los precios de los carburantes, algo que señaló afecta a los trabajadores y autónomos. Así, recordó los 130 euros que la Junta abonó hace unos meses para paliar el aumento de la factura eléctrica, que indicó se desconoce a las familias a las que llegó.
De forma paralela, el socialista planteó conceder ayudas a empresas para que puedan diversificar la actividad, porque señaló que muchas tienen como mercado a Rusia o los países afectados por la guerra. También, el líder autonómico del PSOE propuso la puesta en marcha de un fondo extraordinario, que debe ser negociado con el diálogo social, para ayudar a las empresas y autónomos que sufren «de manera especial» esta crisis derivada de la guerra y que se suma a la de la pandemia de la covid-19. Tudanca aprovechó la coyuntural para recordar que todavía está pendiente habilitar los 163 millones para ayudas directas a empresas que se aprobó en las Cortes y señaló que en esta ocasión podría tener un montante similar.
Normalizar el discurso
Ya en clave política, el socialista, tachó de «intolerable» que el Partido Popular trate de «normalizar» el discurso de la «extrema derecha» en los órganos de representación y gobierno, después de que tanto en Castilla y León, como en Andalucía, los dirigentes populares hablen de la violencia intrafamiliar, un concepto que figura en el acuerdo de legislatura firmado en la Comunidad.En este sentido, y después de que este miércoles Ana Sánchez reclamara a Fernández Mañueco que no sea «equidistante», Tudanca aseguró que observan «con preocupación» como el PP y Vox «están más ocupados» del reparto cargos y sillones en Castilla y León y de «normalizar» las políticas «machistas, racistas y retrogradas», que de poner soluciones para los sectores y empresas más castigados por la nueva crisis.
Igualmente, recordó que el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que espera repetir en el cargo, tras el acuerdo con Vox, «balbuceaba» en su opinión hace unos días a la hora de explicar la violencia intrafamiliar, el «adoctrinamiento» en las aulas que consideró «inexistente» y la regulación de la inmigración «ordenada».