Comisiones Obreras denunció ayer que las distintas administraciones públicas están adjudicando en Castilla y León contratos de obras y servicios con «bajadas temerarias», que impactan directamente en la calidad de sus prestaciones y el empleo. La Federación de Construcción y Servicios del sindicato puso en marcha en diciembre el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, que ya ha permitido constatar que entre octubre de 2019 y enero de 2020, Gobierno, Junta y ayuntamientos dieron luz verde a 214 contratos con un presupuesto base de 134 millones, que se asignaron por 105 millones, es decir, 29 millones menos.

En este sentido, el secretario confederal de la FCS, Vicente Sánchez, denunció que eso «no es ahorro» sino que «se dejar de invertir» esos fondos que al final «no sabemos hacia dónde irán», dijo. Sánchez remarcó que si se tiene en cuenta ese dato de un cuatrimestre, la tendencia apunta a que en Castilla y León, la cifra anual puede alcanzar los 120 millones.

El dirigente sindical precisó que ese abaratamiento representó una bajada del 21,7% sobre el presupuesto inicial del que las administraciones informaron inicialmente a los ciudadanos, para la adjudicación de prestaciones tan importantes como atención domiciliaria, construcción, jardinería, limpieza de edificios y viaria, mantenimiento, recogida de residuos y seguridad privada.

Sánchez concretó que la Administración General del Estado licitó contratos por 45 millones en la Comunidad en los meses de estudio, con una bajada del 24,7% y una pérdida de inversión de 14,5 millones. La Junta suscribió obras y servicios por más de 35 millones, con una rebaja empresarial del 23,5%, que supone 10,7 millones; y los ayuntamientos dieron luz verde a casi 25 millones, con una bajada sobre prepuesto inicial del 12,4%, 3,5 millones, según informa Ical.

Ley de desindexación

El secretario confederal insistió en que esas rebajas dan lugar a una pérdida de calidad y de empleo en la prestación de servicios públicos y exigió la derogación de la ley de desindexación de 2015, porque permite la adjudicación a empresas sin vigilar que cumplen con sus obligaciones en contratación, fiscalidad y Seguridad Social con la administración.

Asimismo, incidió en que es preciso que se apliquen los principios de la ley de contratos del sector público de 2017, donde se recoge que en la adjudicación de contratos deben ponderar en un 51 por ciento los criterios técnicos. «El precio sigue siendo el factor decisivo», criticó, para exigir que se valore por encima «la calidad, promover la transparencia, impulsar el respeto a los derechos de los trabajadores y el respeto al medio ambiente».

«Los datos son alarmantes, porque la tendencia apunta a que no se gastarán 120 millones en un año en Castilla y León, habrá una deficiente prestación de servicios y no se creará empleo», concluyó.