Por mucho que el Ayuntamiento de la capital y la Diputación insistan en su buena disposición a que la solución al conflicto por la deuda de 25 millones de euros por la calle Jardines tenga cariz político, las acciones de ambas administraciones no solo indican lo contrario, sino que dejan entrever que las relaciones entre los que tienen que solucionar esta «espiral de confrontación jurídica» están lejos de ser fluidas.

A la decisión adoptada el pasado día 4 en el Palacio Provincial de interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en su día por el exalcalde socialista Heliodoro Gallego y el expresidente provincial Enrique Martín, respondió ayer el pleno del Consistorio autorizando al alcalde, Mario Simón, a interponer un recurso potestativo de reposición para intentar para la judicialización del conflicto entre las instituciones.

Y, también, a instar directamente a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, a que suspenda su ejecución, al menos hasta que la otra vía que las dos instituciones acordaron emprender a principios de año, la de poner en manos del Consejo Consultivo la revisión de oficio del acuerdo alcanzado en su día.

Sin embargo, el regidor capitalino, Mario Simón, no pudo trasladar esta petición en persona, cara a cara, a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ya que una vez más la también edil de la capital optó por ausentarse del salón de plenos cuando llegó el momento de hablar de la calle Jardines.

Una actitud que fue muy criticada por el Partido Socialista, cuyo concejal, Carlos Hernández, acusó a la concejala y presidenta de «salir huyendo» y de faltar a la «dignidad y respeto» al pleno. «Si tiene que votar no porque defiende los intereses de la Diputación por encima de la ciudad, que vote que no», la retó el edil del PSOE.

Por ahora, el Ayuntamiento tiene todas sus cartas puestas en que el Consejo Consultivo declare nulos actos administrativos del acuerdo por la calle Jardines, es decir, el expediente expropiatorio de terrenos, el convenio expropiatorio y urbanístico ente la Diputación y el Ayuntamiento y prórrogas del mismo. « La posible nulidad del acuerdo en el Consejo Consultivo daría una vía adecuada y concreta para buscar una solución pactada y negociada favorable para el interés de todos los palentinos», recordó ayer el portavoz del Partido Popular, Alfonso Polanco.

Sin embargo, siguiendo la máxima latina de si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepara la guerra), en el informe redactado por la Secretaría General del Consistorio se recuerda a la Diputación que el acuerdo de su Junta de Gobierno no se notificó en los términos exigidos por la ley, «lo que causó indefensión al Ayuntamiento a la hora de ejercitar los recursos que resultaran procedentes».

«demencial». En el escenario de este conflicto, el alcalde, Mario Simón, mantuvo el perfil más institucional y abogó por «respetar la legislación y los criterios técnicos de cada casa», y por «ver cómo políticamente se puede alcanzar un acuerdo que no sea incompatible con los informes de los técnicos».

Más contundente se mostró la concejala de Vox, Sonia Lalanda: «Se ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Al final, aquí lo que se debate es un trocito de calle, y el resto es una superestructura jurídica a base de documentos que probablemente se puedan declarar nulos. Es demencial, absurdo y surrealista, y si se sigue avanzando en esta escalada de confrontación jurídica tiene muy mala pinta».

La edil recalcó también que, por encima del debate jurídico hay un interés público clarísimo. «Los representantes de ambas instituciones están legitimados para llegar a un acuerdo que tenga encaje en la ley», subrayó.

Por su parte, Sonia Ordóñez, del grupo municipal de Ganemos, respaldó  la paralización de la vía judicial y solicitó «que se llegue a un acuerdo político entre las instituciones». Los cinco grupos municipales apoyaron con sus votos la presentación de este recurso de reposición, y aunque el PSOE intentó que la votación fuera nominal -«Necesitamos saber qué opinan los diputados provinciales que son ediles en el Ayuntamiento [Ángeles Armisén, Alfonso Polanco y Jesús Merino (PSOE)]  de este asunto, porque es trascendente y muy importante para las finanzas de esta casa», argumentó Carlos Hernández-, no reunieron los votos suficientes para lograrlo ante la negativa de Ganemos, Ciudadanos y el Partido Popular.

pichón o palomino. Fuera de la calle Jardines, el pleno se limitó a debatir tres mociones, de las que dos fueron aprobadas -la reclamación al Gobierno de la financiación local y la puesta en valor del pichón de Tierra de Campos- y una rechazada, la de Ganemos sobre la declaración de «emergencia climática». La que más debate generó fue la defendida por la edil socialista Judit Castro para poner en valor el pichón como producto gastronómico local y, de paso, aprovechar para incluirlo en las rutas Saborea España.  

La edil socialista defendió la oportunidad que este producto local ofrece como «proyecto contra el reto demográfico» -la despoblación- y como nicho para impulsar el turismo en la provincia y, además, el patrimonio arquitectónico  de los cientos de palomares existentes en la provincia.

Argumentos que sí convencieron a Ganemos y a Vox - «Todo lo que sea reforzar la economía del campo y explorar oportunidades de negocio nos parece bien», aseveró Lalanda-, pero no a Ciudadanos y al Partido Popular, que no dejaron escapar la oportunidad para recriminar al PSOE que la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, no se reuniese con el alcalde y la Corporación en su visita Palencia del pasado agosto.

Tanto Urbano Revilla (Cs) como Laura Lombraña (PP) criticaron que la moción mezclase arquitectura, producción agraria y despoblación, o que confundiese pichones y palominos, para recordar que los primeros no se pueden comercializar porque viven en libertad y no están sujetos a controles sanitarios. Sin  embargo, los votos de Ganemos, Vox y el PSOE fueron suficientes para sacar adelante la propuesta, por lo que el Ayuntamiento deberá llevarla a cabo.