Me temo que la elección por la mínima del ex fiscal general Conde-Pumpido como presidente de un Tribunal Constitucional con serios daños en su imagen no va a servir para frenar el desprestigio de la institución. Se ha llevado a cabo con todas las de la ley, pero en los circuitos políticos y mediáticos ha cursado como una operación de Moncloa para darle salida a la agenda política de Sánchez y sus aliados.
La verdad es que María Luisa Balaguer (Almería, 1953), la magistrada que disputó el puesto a Conde-Pumpido (Almería, 1953) tenía todas las de ganar. Los dos llevaban la etiqueta de "progresista", pero en "apariencia de neutralidad" la segunda aventajaba al primero. También le aventajaba en capacidad de forjar consensos con los magistrados "conservadores", que recelaban y recelan del exfiscal general, al verlo como una figura apadrinada por Pedro Sánchez.
Donde no pudo aventajarlo fue en el recuento de los votos depositados en secreto por los once magistrados del máximo tribunal de garantías porque, en contra de lo que había dejado entrever, la nueva magistrada, María Luisa Segoviano, convencida a última hora de que había que concentrar el voto en Conde-Pumpido, no votó por Balaguer. De haberlo hecho, aquel habría salido derrotado con los cuatro votos conservadores unidos a los dos de las dos marialuisas.
Insisto en que se ventilaba un asunto de mayor cuantía. Y no era la agenda de Sánchez sino el prestigio de la institución. Bajo esa luz, hemos perdido una oportunidad de devolverle el prestigio malogrado en los recientes choques entre poderes del Estado. Y si alguien podía hacer ese milagro era la prestigiosa catedrática de Derecho Constitucional que, a solas con su conciencia, había decidido competir por la presidencia del TC con Conde-Pumpido, un jurista no menos prestigioso.
Lo de "a solas con su conciencia" había inspirado previamente un discurso del presidente saliente, González-Trevijano, contra la "falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas". La decisión de Balaguer no venía exigida por obediencia debida a quien apadrinó su nombramiento (por el Senado en 2017) en función de su vitola "progresista") sino por sentirse ajena a los planes de Moncloa, favorables a una única candidatura que no era la suya, sino la de Conde-Pumpido. Pero la de Balaguer ofrecía la posibilidad de acabar con ese lugar común que consiste en atribuir a los guardianes es de la Constitución una posición predeterminada debido a su apadrinamiento por uno de los dos bloques de supuesta obediencia al PSOE que gobierna o al PP que aspira a gobernar.
A la salud de la democracia española no le va a venir bien que Sánchez haya convertido el TC una más de sus palancas de poder.