El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, propuso ayer cambios legislativos para reforzar la independencia y la autonomía del órgano de control de la Comunidad, con sede en la capital, y para que se acabe con el «dislate» que supone que sea el único del país que no aprueba su plan de fiscalización.

En su primera comparecencia de la legislatura ante las Cortes de Castilla y León, Amilivia desgranó las principales actuaciones emprendidas por el órgano de control externo desde el inicio del mandato el pasado mes de febrero y explicó los retos del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, que fue presentado al presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, el pasado 31 de julio y que tiene como objetivo incrementar las auditorias operativas, avanzar en la rendición de cuentas y acortar los plazos en la tramitación de informes

Amilivia incidió en otros objetivos como garantizar la autonomía de la institución en la gestión de sus recursos humanos y materiales y planteó que el personal del Consejo de Cuentas pase a depender directamente de las Cortes y no de la Junta, lo que no supondrá ningún incremento presupuestario.

Además, argumentó que la actual indefinición en cuanto a los plazos para la tramitación y debate de los informes de fiscalización genera acumulación de los mismos pendientes de comparecencia, por lo que planteó acortar los plazos, una mayor actualidad de los trabajos y una mejor labor de control para las Cortes en relación a los entes fiscalizados.

En este sentido, explicó que a estas alturas del año quedan pendientes de comparecencia en las Cortes un total de 17 informes de fiscalización, por lo que Amilivia planteó, de cara a la tramitación del próximo Plan Anual de Fiscalizaciones, «un ejercicio responsable de realismo y que este se ajuste a la capacidad de los recursos humanos y materiales del órgano de control».

avanzar en transparencia. Lograr que las recomendaciones del Consejo de Cuentas se conviertan en una herramienta de «máxima utilidad» para la mejorar la gestión del sector público, avanzar en transparencia y convertir el órgano en una institución de referencia en la Comunidad en el análisis de la situación económica, son otros de los objetivos del Plan Estratégico.

Amilivia realizó estas consideraciones antes de presentar cuatro informes de fiscalización ante la Comisión de Economía y Hacienda. Sobre el estudio relativo al seguimiento de las recomendaciones de las administraciones públicas efectuadas en 2018 por el Consejo de Cuentas, Amilivia indicó que el pasado año se cumplieron total o parcialmente un 42% de las recomendaciones y fueron tomadas en consideración un 19%, registrándose un grado de aceptación de las mismas del 61 por ciento.

Sobre los informes de fiscalización de los fondos de compensación interterritorial relativos a 2016 y 2017, rechazó que estos fondos tengan la capacidad para cumplir con el objetivo constitucional de corregir los desequilibrios territoriales.

Sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2017, a 31 de diciembre de 2018 habían rendido sus cuentas 3.667 entidades de un total de 4.751, es decir, el 77,2%. El dato, según Amilivia, supone una leve mejora respecto al año anterior, que fue el 76,6%.