La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), que llevó a cabo una asamblea informativa en Palencia, reclamó la  consolidación en la Oferta Pública de Empleo de la Junta (OPE) de 300 plazas para la provincia para personal laboral y funcionario de servicios generales -en lugar de las 204 adscritas en la convocatoria que se tiene que materializar antes de final de año-  para reducir la temporalidad  al 8%, ya que ronda el 30%.

«Tratamos de conseguir la estabilidad en el empleo del personal público afectado por la ley vigente,  pero nos hemos topado con la cicatería de la administración autonómica al  poner en riesgo el objetivo final de la misma. Nos hemos visto obligados a plantear un recurso administrativo por el número total de plazas convocadas y, en los próximos meses, iniciaremos el correspondiente recurso judicial», indicó el presidente de Uscal, Manuel Martínez.

Al respecto, de no conseguir un incremento sustancial del número de plazas ofertadas extraordinariamente, Martínez recordó que «se pondrá en riesgo la recepción de los fondos europeos que esta comunidad debería recibir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al no reducir la temporalidad al 8%, impidiendo con ello la  modernización de la administración autonómica».

La provincia cuenta con más de 2.300 empleados públicos de servicios generales, de los que 1.126 son personal laboral y 1.217 son funcionarios. Uscal les informó ayer sobre el desarrollo de la carrera profesional; la negociación de las relaciones de puestos de Trabajo (PPT); la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales; la promoción interna horizontal, vertical y cruzada; la formación; el teletrabajo y la subida salarial para el 2023 que supondrá un 2,5% fijo y otro 1% variable en función del IPC acumulado y del PIB nominal.