Sin haber podido aún encarrilar la recuperación provocada por el impacto de la pandemia, surge en el escenario mundial el desorbitado incremento de los costes energéticos y sus derivadas por la devastación de Rusia en Ucrania. Si la situación bélica se alargara en el tiempo, estaríamos ante un caos de dimensiones planetarias y ciertamente incalculables. De hecho, si nos ceñimos a nuestro entorno nacional, las consecuencias de todo ello constituyen el perfecto ventilador que da aire al descontento entre los productores agrícolas y ganaderos y el colectivo del transporte. Síntomas inequívocos de que podemos estar solamente ante el inicio de un efecto dominó que contamine todo el sistema en general, generando un cuello de botella en el proceso productivo, la logística e incluso en la trasmisión de datos. Habrá que confiar en que nunca se cumplan los peores augurios, pero ya se sabe que la realidad supera muchas veces la ficción.
Así y todo, bajando al escalón castellano y leonés, que estrena nueva legislatura y nuevo partido en el Gobierno autonómico, el debate político parece ir en este momento por otros derroteros que, lamentablemente, no dejan de ser los habituales: mirarse primero el ombligo y luego ya se verá. 
Vox propone reducir las asignaciones a los grupos parlamentarios de las Cortes, gasto que ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Aunque para ello necesita el respaldo de un Partido Popular dispuesto, por ahora, solo a valorarlo.
Podrá sonar a pura reiteración el asunto de los ingresos de la clase dirigente, pero el gasto político y los beneficios fiscales con los que cuentan sus señorías (perciben no pocos emolumentos exentos de toda tributación fiscal), no han sido, ni con la pandemia ni mucho menos ahora con el empobrecimiento social, una medida restrictiva o, al menos, un gesto solidario. Más bien todo lo contrario.
Se avecinan negros nubarrones y toca apretarse el cinturón, pero por parte de todos, empezando por los que más ejemplaridad deben dar.