Después de año y medio de instrucción de la causa en el Juzgado nº 1 de Cervera de Pisuerga para esclarecer la muerte de una hembra de oso pardo en el transcurso de una cacería al jabalí en la zona de caza de Ventanilla, en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, el 29 de noviembre de 2020, se han conocido los escritos de acusación de las partes personadas contra el cazador investigado.

El Ministerio Fiscal solicita, como pena principal (entre otras alternativas) para el acusado 2 años de prisión, 6.480€ de multa y 4 años de inhabilitación para cazar, además de solicitar 39.197,22€ como indemnización a la Junta de CyL por su responsabilidad civil más las costas judiciales.

La Junta de Castilla y León se declara conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, segçun informa Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción y Asociación para la Defensa de la Naturaleza – WWF/ADENA solicitan 2 años y medio de prisión, 5 años de inhabilitación para cazar y 100.000€ de indemnización a favor de Junta de Castilla y León, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la muerte de la osa.

La Fundación Oso Pardo se desmarca de todo lo anterior y solicita 1.200€ de multa y 2 años de inhabilitación para cazar, sin ningún tipo de indemnización por la muerte, "petición que podría calificarse de ridícula e irrisoria en comparación con lo solicitado por el resto de las partes, algo sorprendente en una Fundación que lleva al oso pardo en su nombre", según apunta en un comunicado la organización ecologista, que añade que en este caso se da la paradoja de que el acusado tiene retirada su arma por intervención de la guardia civil y de los juzgados, en cambio en lo que es responsabilidad de la Junta de Castilla y León dispone de licencia de caza que le ha permitido continuar cazando, sin arma, pero con perros.

Ecologistas en Acción considera aceptables las penas solicitadas, siempre y cuando no se vean rebajadas en posterior negociación, pero escasa la cantidad económica solicitada como responsabilidad civil por parte de la Junta de Castilla y León y Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que el ejemplar muerto era una hembra, muy probablemente con cría, y que en la documentación oficial de la Administración de la Junta de Castilla y León que obra en las diligencias se habla de un posible valor de hasta 100.000 euros.