Siete meses después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara en el primer Consejo de Gobierno la puesta en marcha de un plan anticrisis, su medida estrella, el paquete de rebajas tributarias, terminó ayer su tramitación tras recibir el visto bueno de las Cortes. Una votación en la que PP y Vox se quedaron solos, aunque ningún grupo de la oposición votó en contra y todos se abstuvieron. «No será el último paquete de rebajas tributarias de esta legislatura», anunciaba el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que fue quien presentó en el Parlamento la normativa antes de votarse. El paquete incluye deducciones para familias, autónomos y empresas y sitúa a la Comunidad como la segunda con el tramo más bajo en el IRPF, aunque el resto de grupos rechazaron que dichas propuestas beneficien a quienes más lo necesitan y fueron consideradas de «inservibles».
«Somos los primeros en España en aprobar este proyecto de ley» de rebajas tributarias, reseñó Fernández Carriedo, que recordó que la reducción del IRPF para todos los contribuyentes en el primer tramo tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022. «Hemos demostrado que sabemos compatibilizar bajos impuestos con mejores servicios públicos, con un menor endeudamiento y con una menor tasa de paro que la media española».
El también portavoz autonómico explicó que el objetivo de la Junta es «seguir ampliando una fiscalidad favorable y diferenciada para el medio rural», un aspecto que se concreta en deducciones incrementadas para impulsar la natalidad; apoyos específicos al emprendimiento, con la finalidad de atraer y mantener negocios; tipos reducidos y bonificaciones en favor del relevo intergeneracional.
Ni una enmienda
En el debate de este texto, PP y Vox no recogieron ninguna de las 52 enmiendas que defendieron Rosa Rubio (PSOE), Ángel Ceña (UPL-Soria Ya), Francisco Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Podemos), entre ellas la progresividad fiscal, deflactar el IRPF ante el aumento de la inflación o no eximir a cazadores y pescadores de las tasas. La socialista afirmó que el documento aprobado ayer en las Cortes contiene las mismas medidas propuestas en 2019, cuando no había guerra ni crisis por el aumento de la inflación. «Un corta y pega de hace tres años, una chapuza», anotó, para recordar las sugerencias planteadas por el Consejo Consultivo y CES y defender que sus enmiendas se dirigen a quien más lo necesita. «El principio de progresividad se rompe en Castilla y León a favor de más ricos», remató.
La réplica fue asumida por la popular Leticia García, que le espetó el «hachazo fiscal» y de la subida del IRPF, que sería la mayor de España. «No ha hablado de su modelo», apuntó, sobre el que resumió que es «subir los impuestos a los castellanos y leoneses». «Esta ley es buena aunque no lo quieran reconocer», concluyó García.
Por su parte, el procurador de Cs, Francisco Igea, manifestó que todas o casi todas las medidas estaban en los presupuestos fallidos por el adelanto electoral. En su turno, Pablo Fernández (Podemos), sostuvo que existe ideología como la de negar la violencia de género, los derechos de los inmigrantes o hacer «política fiscal para privilegiar a los ricos». Por último, Ángel Ceña (UPL-Soria Ya), calificó el proyecto como «inservible».