El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió el pasado lunes con representantes de las comunidades autónomas, así como con Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA), para informarles de los últimos ajustes introducidos por el Gobierno, tras las reuniones bilaterales con la Comisión Europea, en el Plan Estratégico (PEPAC) para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, y que dan respuesta a las observaciones remitidas por la Comisión el pasado 30 de marzo. Según precisó, la intención del Ministerio es que el PEPAC esté finalizado y enviado a la Comisión Europea a partir de la segunda quincena de julio, para que pueda ser revisado y aprobado de manera definitiva en septiembre, dentro de los plazos previstos por el departamento que dirige Luis Planas.

Entre las modificaciones introducidas, el secretario general indicó que, dado que la Comisión Europea no ha considerado la inclusión de girasol y colza en el plan proteico, la propuesta española es destinar los 45 millones previstos para estos cultivos a incrementar la ayuda básica a la renta de las regiones donde se producen. Asimismo, Miranda apuntó que las ayudas asociadas al olivar con dificultades específicas van a contar con un presupuesto de casi 27,6 de euros para una superficie potencial de 856.412 hectáreas, incluyendo parcelas con hasta 100 árboles por hectárea y no solo 80.

De igual forma, el secretario general detalló la propuesta española para verificar si las comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución de rentas pueden ser consideradas como agricultor activo. Para ello, si un comunero está dado de alta en la seguridad social agraria o cumple el criterio de que el 25% de sus ingresos individuales procedan de la agricultura, la Comunidad de Bienes será un agricultor activo.