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Los puestos docentes de especial dificultad siguen creciendo

P. Velasco
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El sindicato CSIF reclama a la Consejería de Educación la inclusión en este listado de los profesionales que se encargan de la atención domiciliaria y de las unidades de conducta en la Comunidad

Una profesora da clase en el aula del centro penitenciario de Soria. - Foto: Eugenio Gutiérrez

Los centros educativos con puestos de especial dificultad siguen creciendo en la Comunidad. Zonas rurales que son complicadas de cubrir por su lejanía de núcleos de población más grandes o centros estigmatizados con muchos alumnos con necesidad de apoyo educativo forman parte de este listado que la Consejería de Educación actualiza cada año y que no deja de subir, ya que para el curso 2021-2022 ha aumentado con respecto al anterior en ocho más, pasando de los 248 a los 258, según los datos facilitados por CSIF.

Fuentes sindicales aclararon que este incremento se debe principalmente a la inclusión entre los criterios de los centros que tienen un porcentaje de alumnado con necesidades de apoyo situado en el 30 por ciento, mientras que en cursos anteriores era del 25. Esto ha supuesto que todos los centros 20/30 de la Comunidad –un total de 28– pasen a formar parte de esta clasificación y así incremente el número de docentes necesarios.

Los puestos docentes de especial dificultad están vinculados a los centros, por lo que en el catálogo de la Junta aparecen todos los de educación especial, los nueve ubicados en centros de menores o establecimientos penitenciarios – Ávila, Burgos, Mansillas de las Mulas (León), Dueñas (Palencia), Topas (Salamanca), Segovia, Soria y Villanubla (Valladolid), además del Zambrana en la capital vallisoletana–, y las aulas hospitalarias, que se encuentran en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Isabel Madruga, presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, indicó que la Consejería no ha revisado los criterios para seleccionar estos centros desde 2016, por lo que considera necesario una redistribución de los mismos, ya que por ejemplo no se incluye en este catálogo a los profesionales que trabajan en la atención domiciliaria y las unidades de conducta.

Tampoco se han modificado las ventajas por acceder a un puesto de estas características, ya que la puntuación conseguida no cuenta para efectos del traslado. «Un profesional que acuda a estos puestos pierde la puntuación extra que consigue por ello a los tres concursos de traslados siguientes. Si has estado en estos puestos, es una experiencia para toda la trayectoria profesional, al igual que debería ser la puntuación extra que consigues», indicó.

Una de las viejas demandas sindicales sobre este asunto es la retribución de dichos puestos, como sí ocurre ya en el Sacyl, así como el reconocimiento de un complemento de peligrosidad para determinadas aulas como las de las cárceles.