El relato de una Arcadia feliz que dibuja en los foros internacionales el presidente Pedro Sánchez sobre una España camino de la recuperación económica se ve alterado a nivel doméstico con la rebelión en ciernes de unas autonomías con intereses contrapuestos y difíciles de conciliar. No es cuestión de siglas ni de ideologías, porque la demanda de una reforma de la financiación autonómica une a diferentes por mucho que les pese a sus líderes nacionales, que gustan de tener a sus emisarios territoriales atados en corto. El popular andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y el socialista valenciano Ximo Puig han sido los primeros, seguidos del murciano López Miras, en sacudirse las ataduras de su formación para pedir un nuevo modelo de financiación frente al actual, caducado en 2014 y vigente desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009. Valencianos y andaluces demandan un fondo específico en el que incluyen a Murcia para contrarrestar su infrafinanciacion, un requerimiento que socialistas como Lambán ya han rechazado. El aragonés une fuerzas con autonomías dispares en lo político como Galicia, Asturias, las dos Castillas o la Cantabria del regionalista Revilla, que apuestan por un nuevo modelo que contemple la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica, que dificulta y encarece la prestación de servicios. Un tercer grupo, el más difícil todavía, vendría a unir las posturas de la madrileña Ayuso con los catalanes de Esquerra o los socialistas baleares.

Un reto de una complejidad superlativa, dada la singularidad de los distintos territorios, pero que también desvela la incapacidad para cerrar un acuerdo que requiere de diálogo y desprendimiento por parte de los actores implicados. Sobre el papel, un sudoku de difícil resolución que no fue capaz de abordar con éxito Rajoy y sin visos de prosperar en la actual legislatura. Noviembre es el mes elegido para dar los primeros pasos, según manifestó la titular de Hacienda. Montero no escondió su contrariedad por el movimiento unilateral de uno de los barones socialistas al hacer frente común con Moreno Bonilla. La ‘batalla’ está servida. De momento, visibiliza la división en el seno del PSOE y PP y convierte en ineficaz el habitual recurso a la confrontación ideológica entre ambos partidos, que sirve de excusa para echar por tierra toda posibilidad de diálogo.

Un asunto clave, el que más recelos despierta en la mayoría de territorios, es la deuda imperecedera del Ejecutivo sanchista con sus socios catalanes y el encaje de estos en el futuro modelo. Un lastre que acrecienta la sensación de desigualdad entre la población y que imposibilita una cuestión lógica: que las dos principales fuerzas políticas del país acuerden un sistema de financiación ecuánime desde la diferencia, duradero y satisfactorio para la mayoría.