El sindicato Tu abandono me puede matar difundió ayer un comunicado en el que informa de que un interno, que ya protagonizó el pasado día 24 un incendio provocado en la prisión de La Moraleja de Dueñas, lo ha vuelto a hacer. El «peligroso» recluso,  que «cumple condena por un robo con violencia en una vivienda y que acabó asesinando a su inquilino (sic.)», ha vuelto a prender fuego en su celda, «quedando esta completamente inutilizada sin que de nuevo haya que lamentar daños personales ni entre los internos ni los funcionarios de servicio, los cuales volvieron a actuar con rapidez y máxima profesionalidad a pesar de sus limitados medios materiales y la escasa formación continua que reciben». 

El sindicato denuncian que este interno,  clasificado en 91.3 de máxima peligrosidad,  «debiera de haber sido conducido ya a otro centro penitenciario dado los reiterados incidentes graves que está protagonizando La Moraleja y el acoso al que están sometidos sus funcionarios». 

Por otra parte, Tu abandono me puede matar facilitó datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias según los cuales en los nueve primeros meses del año 2022, hasta el 30 de septiembre, se computan un total de 310 agresiones a empleados públicos penitenciarios por parte de la población reclusa.  De ese total, diez se registraron en la cárcel de Dueñas, número que la coloca entre las diez «más peligrposas para trabajar». El pasado año fueron seis, y el anterior  tres. Dos se contabilizaron en 2019, seis en 2018, y cuatro en cada uno de los tres ejercicios precedentes. 

Desde el sindicato de prisiones Tu abandono me puede matar  se denuncia que, a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones, los funcionarios de prisiones son « uno de esos colectivos que nadie se imaginaría que no tengan reconocida tal condición. Y es así porque el actual gobierno del partido socialista no ha entendido que sea una prioridad a atender. O por lo menos eso se desprende de los datos y hechos analizados».

La proposición de ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad «fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años», recuerda el sindicato en el comunicado difundido ayer.