El reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios presentado recientemente por la Comisión Europea en el marco de la estrategia De la granja a la mesa esta levantando mucha polémica. En primer lugar hay que dejar claro de momento no pasa de ser una propuesta que tiene que debatirse y debatirse también por el Parlamento y por el Consejo europeos y cuya aplicación no es previsible que se haga efectiva antes de finales del año que viene. Pero aun así, los afectados andan con la mosca detrás de la oreja por las consecuencias que pudiera llegar a tener para la actividad agraria.

El documento establece la obligación de reducir el uso y el impacto de estos productos a nivel europeo en un 50% antes del año 2030, pero incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que la propuesta es «muy compleja y demasiado prescriptiva», lo que se traducirá en cargas administrativas muy elevadas, tanto para los agricultores como para las autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de simplificación a lo largo del proceso de discusión en las instituciones comunitarias.

La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) aglutina a las empresas fabricantes de fitosanitarios. Carlos Palomar, su director general, revela que en el Ministerio están preocupados por cómo va a ser su aplicación y el alcance que puede tener para las producciones agrarias.

Una propuesta muy chapucera - Foto: Eugenio Gutierrez Martinez. Eugenio Gutiérrez MartAEPLA considera la nueva propuesta una oportunidad para profundizar en el uso sostenible de productos fitosanitarios. Partiendo de reconocer el trabajo realizado desde 2011 con la Directiva de Uso Sostenible, en la asociación creen que con esta norma se puede ir un paso más allá en la introducción de tecnologías y también en la innovación en la aplicación, necesaria en este ámbito. Sin embargo Palomar puntualiza que «no se puede tratar a todos los países miembros de la UE por igual», ya que algunos llevan avanzando en esa línea desde hace años, como ese el caso de España, mientras que otros no lo han hecho.

En relación con los objetivos de reducción vinculantes a nivel europeo y nacional, AEPLA considera que cualquier objetivo debe ser alcanzable, realista y basado en un estudio de impacto, como ya han defendido en otras ocasiones. Consideran que la introducción de criterios que favorezcan la flexibilidad en relación con estos objetivos son necesarios y pertinentes para países como España, donde la diversidad de cultivos y las características agronómicas obligan a los agricultores a disponer de un conjunto completo de herramientas. Sin embargo, la definición de intensidad en el uso de estas sustancias que introduce la nueva propuesta de Reglamento es un puro parámetro matemático no basado en las necesidades de los cultivos concretos en cada país.

«Es más complejo que lo que parece», asegura el director general de AEPLA. «No es lo mismo una primavera con buen clima y agua abundante que otra con sequía. El agricultor no va a aplicar los mismos fitosanitarios en un caso que en otro». «La UE gestiona restringiendo, prohibiendo. En otros países, como Estados Unidos, lo que se hace es abrir un marco para que la tecnología trabaje y se pueda avanzar en el sentido que se quiere, no se tira tanto de la prohibición" y quizá las autoridades comunitarias tendrían que tener más en cuenta esta vía. Sobre todo teniendo en cuenta que esta sería una nueva restricción que afectaría, una vez más, únicamente a las producciones de la UE, mientras que se seguiría permitiendo la entrada de productos cultivados o criados sin cumplir los mismos requisitos desde terceros países.

Una propuesta muy chapuceraOtro de los elementos que preocupan en AEPLA es la definición y las severas restricciones en relación con el uso de productos fitosanitarios en las denominadas zonas sensibles. Palomar comenta que «podría haber una importante extensión, incluso del 30% de las tierras cultivables en España, en la que no se podría utilizar ninguno de estos productos, con las consecuencias que ello implicaría para los productores de esas áreas». Y cita como ejemplo el entorno de Villafáfila, en Zamora, una zona de gran importancia cerealista. Considerando que en España mucha superficie agrícola podría ser considerada zona sensible esta medida podría tener un gran impacto en la producción, conduciendo al abandono de tierras y aumento de la despoblación, lo que iría en contra de los objetivos de coexistencia de la agricultura y biodiversidad y en contra del apoyo a los pequeños y medianos productores locales. Una mejor definición, la posibilidad de introducir otras excepciones en función del país y medidas de mitigación del riesgo en casos concretos, serían medidas muy necesarias desde el punto de vista de la asociación.

Carlos Palomar afirma que se trata de «una propuesta muy chapucera» y lamenta que «no hay un marco estable y predecible». Esto supone un problema para la empresas que fabrican fitosanitarios. Hay que tener en cuenta que para desarrollar una nueva molécula y que esté lista para su uso por parte de los agricultores se invierten de media entre 250 y 300 millones de euros y alrededor de una década de trabajo. Con esos horizontes y sin saber como va a legislar la UE en los próximos años, es arriesgado lanzar nuevos productos al mercado sin garantía alguna de amortizar el dinero gastado.

El responsable de AEPLA explica además que en este sector «toda la inversión es puramente privada». A pesar de que la UE tiende a restringir este tipo de productos, no ofrece ninguna ayuda a la industria para que consiga los sustitutivos necesarios para los profesionales del campo puedan mantener la ya de por sí escasa rentabilidad de sus explotaciones.

En el caso de los tres cultivos más icónicos de España, cereal, vid y olivo, las perspectivas no son halagüeñas, expone Palomar. En el primer caso ya comentaba que hasta el 30% de la superficie útil podría verse privada del uso de estas sustancias con las consecuencias que eso tendría en las zonas afectadas: abandono de cultivos, falta de ocupación para los habitantes de unas áreas en las que no sobra el trabajo precisamente e incluso perjuicios para biodiversidad, ya que las siembras de cereal dan cobijo a multitud de especies. Para la vid y el olivo también podría suponer un fuerte impacto, ya que «las sales de cobre», muy usadas para prevenir enfermedades fúngicas (en estos y otros cultivos) «son firmes candidatas a la prohibición», o al menos a una restricción muy estricta.

AEPLA y sus asociados tienen un profundo compromiso con la producción sostenible de alimentos y por este motivo su objetivo es colaborar en la mejora del proyecto de Reglamento presentado, de manera que pueda fomentar la introducción de nuevas tecnologías y soluciones integradas para la protección de los cultivos. Ejemplo de esto serían la profundización en la Gestión Integrada de Plagas, la tecnología de aplicación y precisión como la utilización de drones, las herramientas digitales como el monitoreo de plagas o la optimización de insumos y potenciar las oportunidades que nos ofrecen los productos fitosanitarios con nuevos perfiles cuyo marco de aprobación debería favorecerse y acelerarse, tal y como levan tiempo solicitando.

El director general tiene claro que hay que estar siempre alerta. El cambio climático y el comercio global son alfombras rojas para la llegada de nuevas enfermedades a los cultivos, sobre todo en forma de insectos, peligrosos por las posibles patologías que pueden portar o simplemente por el daño físico que son capaces de causar a la planta. Por eso los fabricantes de fitosanitarios deben ir siempre un paso por delante y tratar de tener la solución antes de que aparezca el problema, algo que no es sencillo.

En cualquier caso, no parece probable que el reglamento propuesto por la Comisión Europea vaya a aplicarse antes de finales de 2023. En ese segundo semestre del año que viene será España quien ostente la presidencia de la Unión Europea y Palomar confía en que nuestro Gobierno haga lo posible para que la aplicación de la norma se simplifique y se minimicen las consecuencias que pueda tener para agricultores y ganaderos; y si no fuera así, «dejárselo todo hecho a Suecia», que nos relevará al frente del Ejecutivo comunitario en 2024.

Pero no solo el Ministerio y AEPLA tienen sus reservas con esta propuesta de reglamento. Los agricultores, aparte del desconocimiento sobre cómo será su aplicación, también muestran temor a que las nuevas limitaciones resten rentabilidad a sus explotaciones. COAG comentaba recientemente a Cultum que el margen de tiempo para adaptarse a la nueva normativa, con límite en 2030, «es escaso». El agricultor no tendría problemas en eliminar de sus parcelas determinados productos, pero debe disponer de otros que hagan un papel similar a un precio parecido o el abastecimiento de alimentos para la población correría peligro, indican desde la organización agraria. Si la eficacia de la nueva sustancia no es igual, el rendimiento de los cultivos caerá; y si el precio es demasiado elevado los profesionales no podrán asumir ese gasto o, si lo asumen, la producción se encarecerá, lo cual tendrá repercusión en los lineales.

¿Qué es AEPLA?

La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) es la organización sectorial que representa a las empresas fabricantes de productos fitosanitarios en España. Estos productos, las medicinas de las plantas, son esenciales para garantizar la protección de los cultivos frente a las plagas y enfermedades que los amenazan y juegan un papel clave para contribuir a la obtención de una producción suficiente de alimentos sanos, seguros y asequibles para todos.

Para que los agricultores puedan disponer de estos recursos, básicos para su actividad diaria, las compañías asociadas llevan a cabo un más que considerable esfuerzo, tanto en horas de trabajo como en lo que se refiere a inversión económica, empleando todos los avances tecnológicos que están a su alcance para desarrollar soluciones científicas que, además de favorecer la rentabilidad de sus cosechas, garanticen la seguridad del aplicador y la protección del medio ambiente.

En AEPLA trabajan en cuatro líneas básicas:

-Promover un entorno legislativo y reglamentario sólido y estable, basado exclusivamente en criterios científicos y objetivos.

-Defender y construir una agricultura española fuerte y competitiva que continúe siendo un referente internacional.

-Favorecer la concienciación y opinión pública acerca de los beneficios y la seguridad en el uso de los productos fitosanitarios.

-Fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas.