La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -con el apoyo del colectivo policial Jusapol que reclama igualdad salarial de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local con otros cuerpos autonómicos- se concentró ayer ante Subdelegación del Gobierno, «por la dignificación de la labor de los empleados públicos y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos». Así, el presidente  de la Unión provincial de CSIF, Eduardo Laso, exigió que «el Gobierno se siente a negociar, porque aún no ha hecho ningún movimiento de cara a una revisión salarial, ya que desde 2010 los funcionarios y personal laboral público ha perdido un 15% de poder adquisitivo y, de media, se ha trabajado entre 15 y 18 meses gratis en los últimos 12 años».

A su vez, concretó que durante la pandemia «se ha hecho un gran trabajo al servicio del ciudadano con calidad y no nos merecemos ser de nuevo los paganos de la nueva crisis económica».

Igualmente, Eduardo Laso solicitó que, junto la recuperación del poder adquisitivo perdido, se aplique la tasa de reposición de plazas por jubilación «porque esas vacantes no se cumplen y se perjudica la prestación de servicios».

En ese sentido dijo que, recién publicada la oferta de empleo público, «no es suficiente» y se necesita reforzar todos los sectores y administraciones «para que el ciudadano reciba un trato acorde con lo que se merece», junto a mejores condiciones laborales, por ejemplo, para poder realizar teletrabajo, ya que es una de las medidas que el Gobierno quiere impulsar en el nuevo plan de ahorro energético.

CSIF consideró que la concentración de ayer obedece a que en los últimos años existen muchas dificultades y limitaciones a la hora del desempeño laboral público en ámbitos como la Sanidad, la Educación, la Justicia, los servicios de empleo y la Seguridad Social.

La central sindical indicó que salió a la calle para que se escuche a los empleados públicos, «maltratado» por las distintas administraciones. «En 2010, por primera vez se procedió a bajar el sueldo y llevamos más de 11 años aportando al pacto de rentas con nuestras nóminas devaluadas, hoy más aún con una inflación brutal en los precios de la energía, el combustible o la cesta de la compra. Además, los  bajos salarios provocan que miles de puestos queden vacantes en la sanidad y en la educación como ha reconocido el propio Gobierno», recalcó.