El jefe de bomberos, Javier Villena, reconoce que Palencia no es una ciudad en la que se produzcan llamadas maliciosas ni siquiera de forma esporádica. «En los últimos años, que recuerde, hemos recibido una o ninguna, y ni siquiera puedo recordarla», asevera. Sin embargo, esta situación ha cambiado desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó una escalada de avisos falsos que ya ha obligado al Sepeis, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, a realizar ocho salidas, la última el pasado domingo.

La primera de esas llamadas maliciosas se produjo el 6 de marzo y, según el sistema de identificación del 112, procedía de un teléfono ubicado en la calle Sinesio Delgado. En agosto, los bomberos contabilizaron otras cuatro, los días 6, 9, 10 y 16, la primera desde la misma vía y el resto desde la calle Santiago. En octubre se registraron otros dos avisos, los días 14 y 31, y este mes, hace solo cuatro días, se contabilizó la última. Todas ellas desde la calle Santiago.

Estos avisos maliciosos tienen varios aspectos en común, lo que hace pensar al Sepeis que se trata de la misma persona. Por ejemplo, todas las llamadas fueron realizadas por un hombre, todas están ubicadas en la misma zona de la ciudad y, por último, todas son avisos que no se pueden considerar de extrema gravedad. «El motivo por el que llama nunca es cuestión de vida o muerte, sino que suele avisar de que una persona está atrapada, por ejemplo», explica Javier Villena. Así, el registrado el pasado domingo por el 112 solicitaba asistencia domiciliaria para una personas en la calle Santiago que estaba caída y no podía levantarse.

personal y medios. «Nuestra obligación es atender todas las llamadas», explica Javier Villena, quien preguntado por si detrás de esta oleada de avisos falsos puede haber una persona enferma mental, responde que «es la Policía la que tiene la capacidad de llevar a cabo las pesquisas y la investigación» para determinar quién o quiénes son los autores de estas llamadas maliciosas y si es necesario proponerle para sanción o avisar a los servicios sociales. 

Sea falsa o no, la respuesta del Sepeis es siempre la misma, y consiste en que al lugar para el que se ha requerido ayuda acudan un camión autobomba y una autoescala, además de un equipo humano compuesto por siete personas: dos conductores, un jefe y cuatro efectivos, todos ellos bomberos.

El tiempo que transcurre desde que el 112 recibe la llamada y da el aviso hasta que regresan a la base después comprobar en persona que se trata de una falsa alarma suele ser de unos 12 minutos. «A pesar de que se movilizan esos medios, el servicio no queda en precario durante ese tiempo; en el caso de que entrase otra llamada podríamos acudir en bloque sin necesidad de pasar por el parque», explica Villena. «El problema que causan estos avisos maliciosos es que suponen un mal uso del servicio de emergencias», finaliza.

Más de 3.770 euros por las salidas a avisos maliciosos

El Ayuntamiento tiene calculado cuánto dinero está costando a las arcas municipales los ocho avisos falsos registrados en lo que va de año. La valoración de dichos costes se lleva a cabo mediante las tasas marcadas por la ordenanza fiscal que regula la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, prevención de ruinas, derribo de construcciones y otros análogos, que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 22 de diciembre del año pasado.

De esta forma, aplicando las cuantías señaladas, los costes de estos ocho servicios de Bomberos que resultaron ser una llamada maliciosa ascendieron a unos 3.778 euros, lo que supone una media por cada uno de ellos de unos 472.

La intención del Sepeis es repercutir estos costes en la persona o personas que están realizando estas llamadas, pero no es tan sencillo como pueda parecer en un principio. 

De hecho, la tramitación ni siquiera puede llevarse a cabo desde los propios Bomberos, ya que la ordenanza antes citada no recoge en ningún momento que se pueda imputar a un ciudadano el coste de las falsas alarmas. Para poder hacerlo, habría que modificar el texto y eso exige llevar los cambios al pleno. En concreto, debe ser la Policía Local la que identifique y tramite la correspondiente sanción ante la Junta de Castilla y León. Así ocurrió, por ejemplo, la semana pasada en Burgos, donde una ciudadana fue denunciada por realizar llamadas alertando de una emergencia de manera maliciosa y con el único fin de hacer uso a su antojo de los servicios esenciales.

Multas de 30.000 a 600.000 euros por realizar llamadas maliciosas

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León es muy clara al respecto: «Realizar llamadas de mala fe, que comuniquen avisos falsos, al teléfono de urgencias y emergencias 112 es una infracción muy grave cuando este hecho produzca la movilización de un recurso».

Según la misma normativa, una infracción muy grave se sanciona con una multa de 30.001 a 600.000 euros, y aunque se establece que las infracciones tipificadas en la ley «serán sancionadas de forma proporcional a la importancia de los hechos y a las circunstancias personales de los infractores», también es más dura en aquellos casos en los que hay reincidencia. 

La cantidad a pagar se fija en función de los perjuicios ocasionados al bienestar de la comunidad y a los intereses generales, del número de personas afectadas, del beneficio ilícito obtenido o del grado de responsabilidad del infractor o la existencia de intencionalidad o reiteración, entre otros factores.

Sin embargo, a pesar de que es el Ayuntamiento de la capital el que tiene que acarrear con las molestias que generan esta oleada de llamadas falsas, la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en la Ley corresponde, en el caso de las infracciones muy graves, al titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

La responsable del Sepeis, la edil Carolina Gómez, aseveró ayer a Diario Palentino que su intención es trasladar a la Junta de Castilla y León la situación que se está dando en la capital para que, una vez identificada la persona o personas que están realizando estas llamadas maliciosas, se proceda a su sanción.