Comienza un nuevo año y toca volver la vista atrás para contemplar con perspectiva la actividad agraria durante los últimos doce meses. La impresión que queda en las organizaciones agrarias, más allá de algunos logros puntuales -aunque importantes- para el sector, es que ha sido un año «duro», «en números rojos» o «complicado»; la expresión varía según a quién se pregunte, pero la esencia de la respuesta es la misma: el año ha sido malo para el campo.
Una buena muestra de ello es el descenso en la Renta Agraria que hizo público el Ministerio de Agricultura hace apenas unos días. Según explica COAG, en términos reales durante el año 2022 ha experimentado una importante caída del 8,7% respecto a 2021; y añaden que, si se compara la renta agraria real de 2022 con la de la media de los últimos cinco años (2018-2022), se puede apreciar que se encuentra un 6,4% más baja. Y un 11,5% por debajo de los niveles de 1990, insisten desde la organización agraria.
Después de dar estos datos, COAG explica que esta merma en la renta agraria se debe principalmente a que el crecimiento del Valor de la Producción (que alcanza un nuevo récord hasta los 63.770,2 millones de euros) no compensa el impresionante ascenso del coste de los insumos: «Producir hoy es un 29% más caro que hace un año y un 71% que hace una década», que no es poco. Y añaden que este incremento de costes no tiene precedentes en el último medio siglo. Desde UPA desglosan esta subida: «El encarecimiento ha sido, según los datos de Agricultura, del 31,2% a nivel global, motivado por los piensos (+34,6%), la energía y los lubricantes (+49,6%), los fertilizantes (+62,1%) y los productos fitosanitarios (+20,3%)».
Un año para olvidarUnión de Uniones eleva la cifra del aumento del costes hasta el 45% y pone un ejemplo claro, como es el del sector porcino, en el que denuncia que se estaban perdiendo 12 euros por cerdo engordado durante el primer semestre del año. ASAJA Castilla y León justifica en esa subida de costes gran parte de su actividad reivindicativa: «El sector agrícola y ganadero está compuesto por profesionales que están dispersos por el territorio y que no tienen quienes les suplan en sus explotaciones. Si vamos a las manifestaciones, si no podemos dejar la pancarta, es porque la situación del campo es límite. Los que nos gobiernan deberían reflexionar y escuchar al sector antes de que se desmantele la producción de alimentos en nuestro país», comentaba Donaciano Dujo, el principal responsable regional de la organización, durante la presentación del balance anual.
La visión de sus compañeros castellanomanchegos no difiere demasiado. José María Fresneda, presidente en funciones de ASAJA Castilla-La Mancha, explicaba que «la crisis económica y el desmesurado aumento de los costes de producción, entre otros factores, han marcado la agricultura y la ganadería de 2022». Fresneda exponía el trabajo que está haciendo la organización agraria con la Universidad de Castilla-La Mancha en ese sentido: «Hemos creado una herramienta multifuncional de cálculo de costes de las explotaciones para los leñosos, y en breve para el resto de cultivos de la región, de tal manera que cada productor conozca en cada momento sus cifras a la hora de firmar los contratos que regula la Ley de la Cadena Alimentaria»; estos cálculos de costes deberían de ser tarea de la administración, pero no parece que vaya a realizarse con rapidez, por lo que ASAJA se adelanta para ayudar a sus asociados.
El clima ha sido otros de los factores que ha perjudicado al sector durante todo 2022. A la sequía, que ya se dejó ver desde los primeros meses del año, se unieron las altísimas temperaturas durante periodos extraordinariamente largos del verano y otros fenómenos meteorológicos como pedriscos o heladas tardías que, desde luego, no ayudaron a mejorar los resultados a final de año. Según recoge UPA, los datos del Ministerio de Agricultura cifran el descenso en las producciones en un 14,7% en el caso de la agraria y en un 9% para el conjunto de la producción agroganadera. Este clima desfavorable, expone Unión de Uniones, ha provocado una sensible merma en diversas producciones: disminución de cosecha de más del 40% en aceite, 618 millones perdidos en cítricos respecto a la campaña anterior, un 70% menos de almendra o una reducción del 20% en la cosecha de cereales debido a las altas temperaturas son algunos de los múltiples ejemplos que se podrían poner.
Pero el duro clima no solo ha afectado a la agricultura. COAG recuerda que los ganaderos también han tenido que afrontar problemas derivados de los fenómenos atmosféricos, como un uso mayor de la refrigeración, una menor tasa de transformación de pienso a carne, menos peso de los animales alcanzado en el mismo tiempo de los ciclos, dificultad de acceso a los pastos por la sequía y necesidad de llevar agua a los animales de extensivo para que puedan hidratarse.
Por otra parte, en diciembre de 2021 se aprobaba una reforma en la Ley de la Cadena Alimentaria en principio positiva para el campo, pero que a lo largo de 2022 no se ha trasladado a la actividad real todo lo que habría sido deseable. Unión de Uniones la califica de «inoperante desde el punto de vista de la ligazón entre costes de producción y precios percibidos»; desde ASAJA Castilla-La Mancha se han puesto manos a la obra para elaborar índices de precios que permitan aplicarla correctamente, a pesar de que eso debería se trabajo del Ministerio de Agricultura; en UPA consideran que este año ha sido «una prueba de esfuerzo brutal» para esta norma y aseguran que la Ley ha contribuido a mejorar el reparto del valor en la cadena alimentaria, empezando a cumplir su objetivo, aunque añaden que «queda mucho por hacer».
Logros y ataques.
No todo ha sido negro este año, eso también es cierto. A pesar de que el balance general no es positivo, sí se han conseguido éxitos puntuales. Entre los hitos de los últimos doce meses, UPA destaca la entrada en vigor, al fin, de la doble tarificación para los agricultores de regadío y explican que supondrá un alivio de costes para los regantes, que no se verán obligados a pagar el término fijo más alto durante todo el año teniendo en cuenta que solo hacen uso de dicha potencia durante un corto periodo de tiempo. La organización agraria también destaca el notable incremento de la ayuda a la contratación de seguros agrarios, de más de un 50% desde 2020. Un logro histórico del sector que se consolida y que hace más accesible esta importante figura para los agricultores y ganaderos de todos los sectores, aseguran.
Sin embargo, parece que pesan más los aspectos negativos. Unión de Uniones denuncia que los agricultores y ganaderos no sólo no se han sentido apoyados por el Gobierno, sino incluso atacados desde posiciones dogmáticas que han llegado a plasmarse en decisiones como la de elevar el nivel de protección del lobo sin medir sus consecuencias para la ganadería extensiva en las zonas afectadas, o la prohibición general de quemas que, por fortuna, se ha logrado revertir para la casi totalidad de las explotaciones. Pero además, insisten desde la organización, han sido frecuentes las agresiones al sector poniendo en duda la calidad de sus producciones ganaderas, con imputaciones mediáticas infundadas de explotación laboral o maltrato animal y denostando el consumo de alimentos que forman parte con normalidad de una dieta natural y saludable.
Desde Unión de Uniones también se considera un problema la reforma laboral, la de las cotizaciones de autónomos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. La organización denuncia que «el sector agrario tiene especificidades que no se han contemplado. Los efectos de la revisión del mecanismo de cotizaciones de autónomos están por ver, sobre todo en las prestaciones de los económicamente más modestos; pero los de la reforma laboral ya se aprecian, con una caída del 30% en las contrataciones».
La nueva PAC, recién estrenada, tampoco ha sido acogida con especial alborozo entre las organizaciones agrarias. La visión más positiva quizá sea la de UPA, que, aunque aprecia una «lógica incertidumbre», ve en la Política Agraria Común «oportunidades para la agricultura y la ganadería familiar en España», con la entrada en vigor de figuras como la ayuda redistributiva, los techos de ayuda y las ayudas para jóvenes y mujeres.
Desde COAG, sin embargo, se ve todo más negro. Denuncian que la nueva PAC «no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo. La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países». Quieren hacer ver que la sostenibilidad no puede ser solo ambiental, sino también económica y social.
Unión de Uniones, por su parte, lamenta que se trata de «otra oportunidad perdida por haber puesto por delante de los profesionales del campo los intereses políticos y los cheques regionales». En ASAJA Castilla y León la consideran un «mazazo», «la más radical de cuantas ha vivido el sector». Y sus compañeros de Castilla-La Mancha denuncian que «no es verdad que vaya a llegar más presupuesto, sino que habrá mayor presupuesto si los productores pueden cumplir con los requisitos de los eco-regímenes para beneficiarse de las ayudas. La cuestión no es la propaganda de que llega más dinero, sino las prácticas que no sabremos si podremos cumplir».
En definitiva, un mal año. Costes disparados, clima criminal, una nueva PAC que genera más dudas que certezas, la Ley de la Cadena que no acaba de arrancar… Algunos de estos problemas tienen mala solución, como los costes; otros ni siquiera pueden controlarse, como lo que llega (o no llega) del cielo; y a otros se les debe poner remedio a través de la colaboración entre los profesionales del campo y la administración. Veremos cómo está el asunto dentro de doce meses.