La preocupación de las instituciones de la Unión Europea por la sostenibilidad de su sistema agroalimentario ha crecido notablemente en los últimos años. Desde el lanzamiento del Pacto Verde Europeo y su estrategia 'De la granja a la mesa', la Comisión y el Parlamento europeos están fijando postura en temas relativos a la producción de alimentos y sus efectos en el medio ambiente y la biodiversidad.

Uno de esos aspectos es el del uso de productos fitosanitarios, sustancias químicas que los agricultores utilizan para incrementar la productividad de sus campos, manteniendo a raya plagas y enfermedades vegetales. Estos productos químicos forman parte del sistema de producción de alimentos europeo desde hace décadas, y han permitido -y permiten- garantizar el suministro de alimentos para cientos de millones de personas.

Sin embargo, en los últimos años han surgido voces que abogan por una reducción del uso de estos productos, aduciendo que su utilización excesiva provoca efectos perniciosos en la salud de los ecosistemas o incluso de las personas. Estas ideas han sido recogidas por la mencionada estrategia 'De la granja a la mesa', que aboga por una reducción lineal del 50% en la toxicidad de estos productos de aquí a 2030.

Los agricultores observan desde hace años estos mensajes con gran preocupación. La razón es sencilla: los productos fitosanitarios son herramientas que se utilizan en el campo porque son necesarios y resuelven problemas de producción, por lo que la reducción de su uso, sin dar alternativas y sin analizar el impacto de las medidas, genera muchas dudas entre sus usuarios.

El Consejo Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de las instituciones europeas que agrupa a entidades de la sociedad civil, aprobó la semana pasada por aplastante mayoría (175 a favor, tres abstenciones y solo un voto en contra) un dictamen de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, cuyo ponente ha sido el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche.

El dictamen ratificado, sin poner en cuestión el objetivo de reducción del uso de plaguicidas, pretende «poner cordura» en las intenciones de la Comisión y el Parlamento para que se establezcan «periodos de transición razonables» y se analicen las especificidades de cada estado miembro y de cada sector, aseguran desde UPA. Según señaló Roche, debemos «producir hoy sin arriesgar la producción de mañana: Europa necesita asegurar una producción de alimentos razonable y sostenible y esto pasa por una alianza con los agricultores, que son sostenibles por naturaleza».

El texto aprobado por el CESE llama a considerar la importancia de estas sustancias en la soberanía alimentaria de Europa, un aspecto que cobra especial relevancia por la guerra en Ucrania y por el cambio climático: Europa no puede asumir hoy día la reducción de producción que acarrearía la limitación del uso de los fitosanitarios, así como el incremento del precio de los alimentos que conllevaría.

De hecho, una de las quejas del sector es que no existen análisis fiables sobre las consecuencias que la merma en el uso de estas sustancias puede tener en el sector agroalimentario de la Unión Europea. Hay dudas sobre la intensidad con la que puede afectar a la soberanía alimentaria comunitaria, aumentando de ese modo la dependencia de terceros países.

El CESE llama a investigar soluciones basadas en la ciencia y la innovación: el uso de variedades más resistentes, semillas certificadas, la agricultura de conservación, las nuevas técnicas de edición genómica, la agricultura ecológica, la rotación de cultivos, las técnicas digitales o la apuesta por el uso de los cultivos menores «para transitar con éxito hacia un modelo basado en el menor uso de productos fitosanitarios».

Alternativas. El dictamen reconoce la importancia de potenciar el necesario asesoramiento especializado a la hora de utilizar los plaguicidas, un papel en el que, reconoce, son imprescindibles las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. El CESE también llama a tener muy en cuenta la imprescindible reciprocidad en acuerdos con terceros países en materia alimentaria. La clave es proteger la competitividad de la agricultura europea sin ponerla en desventaja frente a la de otras zonas del planeta.

Este dictamen, pese a no ser vinculante, deberá ser tenido en cuenta por la Comisión Europea una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.