Ayer se hizo pública la propuesta de ordenanzas fiscales del equipo municipal de Gobierno para 2023. Se trata de un borrador, que el edil de Hacienda entregó a los grupos de la oposición para que lo estudie y analice, de cara a su debate en comisión y, si nada se tuerce, a su aprobación plenaria antes de que acabe el año en curso. Esto quiere decir que PP y Cs, socios del equipo que dirige los destinos capitalinos, podrían verse obligados a modificar algunas de las cosas que proponen hoy o bien dejarse convencer para incluir alguna de las que planteen el resto de los grupos.
Es lo que tiene la democracia, con su juego de mayorías, bloques y bisagras y con su obligatoriedad de someter a discusión los temas que conforman los ejes de cada mandato. Porque los presupuestos del Ayuntamiento, como los del resto de instituciones públicas, no pueden elaborarse en tanto en cuanto no se tienen unas previsiones de ingresos más o menos contrastadas, y en buena medida estas devienen de los impuestos, las tasas de los servicios y los precios públicos. Una vez que la fiscalidad deja meridianamente con qué dinero se podrá contar durante el ejercicio, pueden ajustarse los gastos, decidir hasta dónde endeudarse o ser más austeros o más desprendidos. Y, dado que precisamente el documento económico es el que marca las actuaciones y el desarrollo de los programas o la calidad de los servicios, se entiende bien que genere los mayores y más enconados debates, que todos los grupos políticos quieran mejorarlo para dar cabida a sus propias iniciativas y que todos, salvo los proponentes, lo critiquen por escaso o falto de imaginación.
Pues bien, el equipo económico del Ayuntamiento acaba de dar el primer paso hacia los últimos presupuestos del mandato, puesto que en mayo de 2023 habrá elecciones, y lo hace con una propuesta de ordenanzas fiscales que contempla, a priori, la congelación de los impuestos y una subida por debajo del IPC, es decir, entre el 4 y el 6 por ciento, de las tasas, los precios públicos y las prestaciones patrimoniales de cará cter público no tributario que afectan de una forma más directa al bolsillo de los palentinos. Así, la propuesta es que en 2023 estos paguen lo mismo que en 2022 por el IBI y el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, pero que vean incrementado el recibo del agua y la badsura en unos 5 euros anuales, algo que no parece demasiado gravoso. También subirán los precios de las actividades del Patronato Municipal de Deportes, en torno al 4,5 por ciento, y lo hará asimismo la tarifa del estacionamiento regulado (ORA), manteniéndose congelado el precio del billete del autobús. Las tasas del cementerio también subirán, al igual que las de ocupación de la vía pública.
A buen seguro que el borrador tiene ante sí un intenso y no sabemos si largo recorrido.