«Es una ayuda para acceder a la vivienda a los que tienen mayores dificultades, contribuir a un urbanismo sostenible y facilitar que familias jóvenes puedan vivir en los núcleos rurales si es su deseo». Estas fueron las palabras que empleó la Consejería de Fomento cuando se presentó hace más de una década en Palencia el programa Rehabitare, una de las herramientas de la Junta de Castilla y León para afrontar el reto demográfico, ante el que la provincia y la comunidad autónoma han demostrado una gran sensibilidad al ser uno de los territorios que más lo han sufrido.

Lo que en 2009 comenzó casi como un sueño, el viejo deseo de atraer nuevos pobladores al medio rural, se ha consolidado en estos once años de andadura como una de las propuestas más acertadas, efectivas y eficaces en la lucha contra la despoblación, como así lo demuestran las 58 viviendas que se han recuperado en este tiempo. Hogares que se han puesto a disposición de jóvenes y familias con hijos que han llenado de vida, alegría y color pueblos pequeños, envejecidos y con un padrón mermado.

El programa Rehabitare es, en definitiva, una muestra más del compromiso de la Junta de Castilla y León con el medio rural y con las gentes que habitan estos territorios muchas veces alejados  de los municipios más poblados o de las capitales de provincia. Un proyecto que está implantado ya en 35 localidades palentinas con una población en su conjunto de 17.428 habitantes. Es decir, capital y grandes municipios (Aguilar de Campoo, Guardo, Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños) al margen, Rehabitare llega al 30 por ciento de la población diana, que es de 56.659 habitantes.

Tras el convenio firmado recientemente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la Diputación, que prevé incorporar diez nuevas viviendas a Rehabitare, cuatro casas curales y otras 15 viviendas más que rehabilitará la Junta, la provincia palentina contará al final de la legislatura con 75 viviendas rehabilitadas tras una inversión de 3,6 millones de euros, lo que la convierte en la locomotora de este proyecto generador de ilusiones en el conjunto de la región. Un paso de gigante en comparación con las primeras 17 viviendas que se rehabilitaron en cinco municipios con una inversión inicial de 985.342 euros en aquel 2009.

Hasta 2021, el programa ha puesto a disposición de las familias del medio rural 352 viviendas en Castilla y León, con una inversión total que alcanza ya los 12,1 millones de euros. Las previsiones hasta 2023 contemplan otros 12,2 millones más y un total de 513 viviendas rehabilitadas en las nueve provincias de la región, en las que se ha ido implantando de manera progresiva el programa a partir del año 2016.

¿QUÉ ES REHABITARE?

Rehabitare persigue incrementar el parque público de alquiler social en territorio castellano y leonés y fijar población en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, particularmente de los jóvenes.

En suma, este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

DIPUTACIÓN Y OBISPADO

En el caso concreto de Palencia, el 11 de diciembre del pasado año se firmó el convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación dentro del protocolo de colaboración suscrito en julio de 2020 entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las nueve diputaciones de la Comunidad -entre ellos la de la institución provincial palentina, Ángeles Armisén- para adherirse al Rehabitare y ampliar la oferta pública de alquiler social.

Dicho convenio establece una financiación que alcanza los 520.000 euros, aportada al 50 por ciento por cada una de las citadas administraciones hasta el año 2023, para la rehabilitación de un total de diez viviendas. Actualmente, ya se han puesto en marcha las actuaciones en las localidades de Tabanera de Cerrato, Collazos de Boedo, Meneses de Campos, Mudá, Cevico Navero y Revilla de Collazos.

«El objetivo es asentar gente joven y población en el medio rural, razón por la que se camina de la mano de la Diputación», señaló el consejero en el acto protocolario en el que se produjo la firma. Allí mismo mostró Suárez-Quiñones su satisfacción por la inclusión de las diputaciones provinciales en Rehabitare, «lo que supondrá un considerable impulso para seguir ampliando el parque público de vivienda social en Castilla y León y muy especialmente en el medio rural, donde se centra específicamente este programa, que ya se ha consolidado como una herramienta eficaz para facilitar el acceso al alquiler de vivienda a las familias más necesitadas, frenar la despoblación y estimular la actividad económica».

En paralelo, y ante la excelente acogida y beneficiosos efectos que estaba teniendo el Rehabitare, varios obispados de la comunidad se adhirieron al programa firmando protocolos de colaboración. Una de estas diócesis fue la de Palencia, que el 11 de mayo de 2018 firmó un protocolo con la Junta para la rehabilitación de casas rectorales para dedicarlas al alquiler social. Hasta el momento se ha rehabilitado una vivienda en Villamoronta y otra en Pomar de Valdivia, y está en redacción la memoria para rehabilitar una casa en Grijota y otra en Quintanadiez de la Vega, en el municipio de Villaluenga de la Vega.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Es requisito imprescindible para unirse a Rehabitare que el municipio tenga menos de 5.000 habitantes, lo que traducido a Palencia supone en la práctica dejar fuera tan solo a la capital (78.144 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística), Aguilar de Campoo (6.749), Guardo (5.872), Villamuriel de Cerrato (6.469) y Venta de Baños (6.401).

El inmueble elegido ha de ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento debe ostentar sobre él el pleno dominio, debe estar libre de cargas y gravámenes de cualquier clase y encontrarse debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. Asimismo, el Consistorio deberá justificar la existencia de demandantes de vivienda en el término municipal: en municipios con una población de hasta 200 habitantes, un demandante; de 201 a 500 vecinos, dos demandantes; en ayuntamientos desde 501 a 1.000 empadronados, tres; y de 1.000 a 5.000, cuatro.

El coste de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros más IVA y tendrán preferencia para acogerse al programa las actuaciones que mejor satisfagan su finalidad primordial, así como aquellas que se desarrollen sobre inmuebles que ostenten un mayor valor arquitectónico.

AYUNTAMIENTOS

Los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubiquen las actuaciones acogidas al programa deben, como requisito imprescindible, suscribir con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un documento administrativo en el que se exprese la intención de asumir todos los compromisos fijados en este apartado.

Asimismo, debe destinar la vivienda, en el plazo de tres meses desde que el Ejecutivo autonómico formalice la devolución del inmueble al ayuntamiento tras la finalización de las obras de rehabilitación, al alquiler social de personas que establezcan en ellas su domicilio habitual y permanente.

Esta deberá permanecer destinada al alquiler social un mínimo de diez años. Si, superado ese plazo, el ayuntamiento desease enajenar la vivienda, ha de ofrecérsela previamente, a efectos del derecho de tanteo, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que, en todo caso, habrá de autorizar la enajenación. Reconocer, a través de la correspondiente ordenanza fiscal, las máximas exenciones o bonificaciones fiscales posibles a las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución de las previsiones del programa, es otro de los requisitos que se exige.

En lo que a la evaluación de candidatos se refiere, los consistorios deben seleccionar con criterios objetivos las personas, unidades familiares o de convivencia que hayan de beneficiarse del programa como arrendatarias de las viviendas. Dichos criterios han de ser conocidos por los vecinos del municipio y han de respetar, en todo caso, la preferencia en favor de los colectivos de especial protección que aparecen relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, y dar prioridad dentro de ellos a los jóvenes para promover su emancipación y a las víctimas de la violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar.

En el caso de que un municipio, por razones sobrevenidas, dejase de disponer de demandantes para destinar la vivienda rehabilitada a alquiler social, la Consjería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León podrá determinar nuevos destinatarios de entre los que estén inscritos en el Registro público de demandantes de la comunidad autónoma.

La renta a abonar por el arrendatario no podrá exceder de los dos euros por metro cuadrado útil de la vivienda una vez rehabilitada, sin que en ningún caso esta cifra pueda ser superior a una tercera parte de sus ingresos.