Cáritas presentó ayer en la Casa de la Iglesia el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). En la presentación intervinieron la directora de Cáritas Diocesana de Palencia, Gloria Alonso, y el miembro del comité técnico de la Fundación Foessa, Thomas Ubrich. El acto quiere dar inicio a la celebración del Corpus, el Día de la Caridad, que tendrá su máxima expresión el 19 de junio.
Este año han elegido el lema Somos lo que damos, somos amor en homenaje a los 75 años de Cáritas española que quiere poner en valor «el amor comprometido con las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la creación, el cuidado y conservación de la casa común, la justicia y los derechos humanos que conducen al bienestar común».
Esta fundación publica periódicamente amplios informes sociales rigurosos metodológicamente, con diversos enfoques de análisis. En este caso realizaron una encuesta sobre la integración y las necesidades sociales de 2021. En él se alerta del aumento de las tasas de exclusión social y la reducción del espacio de integración plena en Castilla y León a causa de la pandemia.
Desde 2018, la exclusión severa ha aumentado un 54% y afecta a 225.000 personas, 79.000 más que antes de la crisis sanitaria, lo que supone que más de 120.000 familias castellanas y leonesas queden en situación de pobreza una vez realizado el pago de la hipoteca o alquiler.
Brechas de exclusión social. Además uno de cada 6 habitantes (18%) se encuentran en exclusión social, lo que supone un total de 426.000 personas en situación de importante desventaja. Estas carencias están muy relacionadas con el género y la nacionalidad de las personas. La exclusión social de los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021 y más de la mitad de los encabezados por personas de origen extranjero se encuentra en exclusión, 3,5 puntos por encima de los de nacionalidad española.
También ha habido un incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno de cada 4 jóvenes menores de 30 años está en esa situación, derivada de la falta de empleo o los de empleos temporales y precarios que les impiden emanciparse, sustentar una vida independiente o crear una familia.
Las medidas de distanciamiento social durante la pandemia, han traído un nuevo elemento de desigualdad, la brecha digital, que tiene como causa principal la ausencia de dispositivos, de conexión o de habilidades para el manejo de Internet. Esta situación afecta ya a 3 de cada 10 hogares en Castilla y León (31%), lo que conlleva la pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones con otras personas o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales.
Empleo, vivienda y salud. El empleo durante la crisis se ha caracterizado por la precariedad, que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares (un 11% del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Se trata de cabezas de familia que en el último año han tenido 3 o más meses de desempleo o trabajos temporales. Esta inestabilidad laboral genera pobreza económica, frustración laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional.
En el ámbito de la vivienda, el principal problema es el pago de la misma. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 120.000 familias queden en situación de pobreza severa. Además más de 70.000 hogares (7%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos sanitarios por problemas económicos; una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a cuatro de cada diez de estos.
Por todo esto, Foessa propone retos para mejorar la situación en la comunidad. Entre ellos se encuentra mantener estables las medidas provisionales de la salud, vivienda o protección social, adaptándolas a los distintos periodos de estabilidad económica; mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; un estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por los más vulnerables; implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral, los empleos no cualificados, temporales y precarios; la complementación de los salarios con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo; garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en la atención a personas dependientes; establecer un plan contra la exclusión residencial ya que casi 2 de cada 10 familias residen en viviendas inadecuadas; superar la brecha educativa producida por el apagón social y avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XX.