En plena negociación de los Presupuestos -la gran cuadratura del círculo de la aritmética parlamentaria que el Gobierno resolvió a su favor y que intenta repetir, de momento sin suerte, para aprobar la reforma laboral-, Arnaldo Otegi intentó justificar ante los suyos el apoyo a las Cuentas de Pedro Sánchez. Lo dijo claro y sin paños calientes: "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues votamos". La frase fue un torpedo dirigido a un Ejecutivo que se apresuró en desautorizar las palabras del líder abertzale asegurando que la política penitenciaria no formaba parte del diálogo sobre las Cuentas.
Apenas tres meses después de aquello acaba de salir a la luz la reforma legal que prepara el Gobierno, a instancias del PNV y EH Bildu, y que podría beneficiar, según los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a 50 miembros de la banda que están en prisión. Se trata de una posible modificación de la Ley orgánica 7/2014 que impide ahora mismo que los etarras se acojan a una normativa europea que permite descontar a un condenado las penas que ya hayan cumplido en otro país de la UE. Un atajo mediante el cual los terroristas podrían salir antes de prisión si ya han pasado por la cárcel en Francia, algo habitual en el caso de ETA.
De momento, ningún miembro del Gobierno ha salido a desmentir una hoja de ruta que avergüenza a todos aquellos que durante años lucharon para acabar con la lacra de la violencia terrorista. Una treta legal del todo inadmisible en un país de derecho pero que aún es más grave si es el pago del Gobierno por unos votos, bien sean éstos para aprobar los Presupuestos o para sacar adelante la reforma laboral. Ningún proyecto de ningún Ejecutivo -por muy importante que sea para el futuro del país- puede ver la luz a cambio de traicionar la memoria de quienes perdieron la vida a manos de los terroristas. Porque aquella victoria de la democracia, apoyada en la unión de los partidos y la sociedad y en el trabajo sin aliento de las Fuerzas de Seguridad, se convertiría una década después en una sonrojante derrota ante quienes sembraron el terror en España durante la segunda mitad del siglo XX. De hecho, el mero hecho de que los abertzales se atrevan a plantear atajos legales para vaciar las cárceles a sabiendas de que serán estudiadas por un Gobierno en minoría que los necesita en el Congreso es ya una derrota.