Los trabajadores de la sanidad pública manifestaron ayer su más absoluto rechazo al decreto 2/2020, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León. Así, entre otros espacios, se concentraron a las puertas del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Caupa, con pancartas en las que se podían leer consignas como Con este decretazo, nuestros derechos barridos de un mañuecazo; No somos recortables, somos indispensables; Del presidente más cazo ha salido el decretazo; Disculpen las molestias, nos están aniquilando; La Junta no te ajunta; Mañueco enterrador, Igea consentidor; Con este Mañueco, derechos de muñeco.
Sonia Pascual (Satse), Pilar Solís (CSIF), Pilar Sancho (CCOO), Soraya San Millán (UGT), Menchu Calderón (CGT), Carmen Revilla (SAC) y Gema Gutiérrez (SAE) leyeron el manifiesto reivindicativo, en el que señalan que «la Junta nos impone a los profesionales de la sanidad una pérdida de derechos abusiva y total, nunca antes vista, en condiciones de trabajo y personal», y tras los aplausos, reconocimientos y todo tipo de elogios desde todos los estamentos públicos hasta hace poco, no entienden que ahora desde la Junta, que «nos elogió y prometió reconocimiento eterno, nos esté asfixiando y maltratando de esta manera». Todas las categorías (enfermeras, médicos, tcaes, celadores, técnicos de rayos, laboratorio, fisioterapeutas, personal de administración, mantenimiento, informáticos. «Trabajamos más que nunca, con más responsabilidad profesional y personal tanto en hospitales, emergencias y en Atención Primaria», y por ello piden a la Junta «responsabilidad, respeto y seriedad hacia los trabajadores de la sanidad y con la población para garantizar la prestación y la calidad asistencial».
Según los trabajadores de la sanidad pública «es una barbaridad imponer una agresiva movilidad geográfica forzosa; suprimir permisos, cambiar o doblar jornadas de trabajo, o vulnerar el derecho a cuidar a nuestros familiares, es decir, amargar la vida de los profesionales sanitarios y obstaculizar la conciliación familiar y laboral, disponiendo de nuestro trabajo al antojo de la gerencia de salud».
Como recoge el manifiesto que se leyó (elaborado por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE-), los trabajadores de la sanidad quieren respeto -personal y profesional-, tranquilidad para trabajar, más contrataciones de personal para poder atender suficientemente bien y como se merece a la población. «Queremos y necesitamos tranquilidad para trabajar, y con publicaciones como la de este decreto no la tenemos. La sanidad y nosotros sus trabajadores, venimos sufriendo muchos recortes, y maltratos en las condiciones laborales, que al final repercute en la población. En todos», según el manifiesto que se leyó.
menospreciados. Los trabajadores de la sanidad pública se sienten «menospreciados» por una administración «desagradecida» que no «ha hecho bien sus deberes», y en este sentido afirman que «las plantillas de los centros están mermadas desde los recortes de 2012; no han contratado suficiente personal para garantizar la atención adecuada durante esta pandemia; no ha habido suficiente ampliación de las UCIS; no se ha reparado en la sustitución para darnos descanso y no se ha formado al personal».
La secretaria provincial Satse y presidenta de la Junta de Personal del Área de Salud de Palencia, Sonia Pascual, señaló tras la lectura del manifiesto que «tenemos que tener claro que el enemigo es el coronavirus, no el sanitario; en todo caso la administración, que ha tenido meses suficientes para resolver la situación, formar al personal, hacer una oferta atractiva para que vinieran profesionales de otro sitio, recolocar», y añadió que la Junta ha tenido tiempo suficiente para resolver esta situación y «no puede, en el último momento, a la desesperada, quitar todos los derechos y hacer de los profesionales lo que quieran». Pascual valoró la repuesta en esta movilización, y es que el decreto «no solo atañe a los profesionales también a los ciudadanos. Si queremos recuperar el sistema, es importante que haya profesionales y recursos suficientes».
Pilar Solís, delegada de CSIF y enfermera de Atención Primaria, destacó la unión de los sindicatos, que es la «parte buena» de este decreto publicado «con nocturnidad y alevosía, rompiendo la Junta unilateralmente todas las negociaciones con los sindicatos». El decreto representa «la disponibilidad del personal del Sacyl a gusto de la Junta», subrayó, y agregó que es «triste» que esta «piense que tiene que publicar un decreto de estas características para contar con sus sanitarios, porque la prueba está en que durante la pandemia se ha dado el 100 por 100; nadie ha escatimado trabajo, esfuerzo para cumplir con las obligaciones más allá de las obligaciones que tienen los sanitarios. Lo bueno del decreto es que nos hemos unido, lo malo que nos sentimos humillados y pisoteados, una vez más, por la Junta».
Ángela Pascual, uróloga en el Caupa, consideró que «el decreto supone un cheque en blanco para la administración y el poder realizar cualquier maniobra que estime necesaria, militarizando de esta forma la profesión sanitaria en todas las categorías», e incidió en que están «absolutamente» en contra porque «se nos van asignar tareas que ni siquiera vamos a poder desarrollar. Esto va a poner en peligro la seguridad del paciente. Los pacientes tendrían que movilizarse ante la puesta en marcha del decreto y apoyarnos, porque al final la salud es lo que está en juego. Eso debería ser primordial para la administración, los pacientes, y no lo está haciendo».
Javier Martín, anestesista del hospital Río Carrión, insistió en que esta vez la protesta es por los pacientes, «porque lo que queremos es que nos dejen trabajar en lo que sabemos, y no nos muevan de especialidad». «La Junta lo que tiene que hacer es ayudar en la posibilidad de venir a la comunidad y no de huir», concluyó.
Jesús Alberto Piñuel, presidente CESM Palencia, también se refirió a que el decreto «vulnera» todos sus derechos, y se ha publicado sin ninguna negociación. «Se salta la norma de que cuando se cambia algún derecho debe haber una negociación previa con las centrales sindicales que representan a todos los trabajadores», manifestó, y agregó que «los profesionales hacen las cosas con absoluto altruismo, y quizá ese altruismo es lo que están aprovechando los políticos». «Las cosas saldrían de la misma manera haciéndolas voluntarias y no pueden pretender que esta fiesta les salga gratis, tienen que estar incentivadas», aseveró.
El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM, ha decidido aplazar el paro convocado para el 24 de noviembre como segunda jornada de la huelga nacional. La decisión se ha tomado basándose en la «responsabilidad», puesto que, «aunque persisten todos los motivos que han llevado al conflicto, la situación pandémica está poniendo al límite los servicios sanitarios, con una presión asistencial que persiste en la mayoría de las comunidades y con un nuevo récord de fallecidos en una semana».