La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) solicita una reunión con la Junta de Castilla y León para abordar las tasas oficiales que deben abonar, porque son "de una cuantía muy superior a las de otras comunidades" pese a la COVID y la subida de costes energéticos. En este sentido, la organización aseguró que un matadero de Castilla y León paga al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras autonomías.

Asimismo, denuncia que la actual regulación en materia de horarios es "muy problemática" para el ejercicio de su actividad. Por una parte, exponen que la exigencia de un preaviso de cuatro días para las modificaciones de los cambios de horarios "dificulta la organización de sus empresas, en la que intervienen, aparte de los servicios veterinarios, distintos agentes no dependientes del matadero en cuestión como ganaderos y rutas de transporte". A esta exigencia de preaviso, agregan el hecho de que sea necesario abonar un importe extra para poder tenerlos abiertos a determinadas horas, fines de semana y/o los días 24 y 31 de diciembre.

A todas regulaciones tienen que sumar la actual legislación en relación con el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, Provacuno, Interovic e Interpoc, en concreto en relación a la aportación económica obligatoria y sistema de recaudación que, según señalan, "suponen un sobrecoste adicional en el desempeño de su actividad".

Otro de los temas que pretenden tratar es el de las deducciones de aplicación en su actividad, ya que, a pesar de existir una instrucción en vigor sobre actuaciones en materia de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, consideran "imprescindible una homogeneización de los criterios a aplicar, no quedando éstos, como ocurre actualmente, al albur de decisiones subjetivas en cada caso". Piden además que esas decisiones, como la consideración de una falta como grave, no acarreen como consecuencia la retirada de deducciones.

Por otra parte, están "absolutamente en contra" de la responsabilidad total y absoluta que pretende imponerse a los mataderos por todo lo que acontezca en su interior, independientemente de que las actuaciones susceptibles de la responsabilidad que corresponde hayan sido llevados a cabo por personas que no tienen ningún cargo ni de representación o de gestión del matadero o que, incluso aunque los tenga, su actuación sea realmente ajena a ese ámbito de representación o de gestión.

Solicitan además la revisión de criterios laborales de los trabajadores de su sector que permita la jubilación a una "edad prudencial" en relación con el desempeño de la actividad, no a los 65 años como está estipulado en la actualidad.

Por último, piden una regulación respecto a la identificación en los puntos de venta de productos cárnicos de reses sacrificadas tanto por el rito halal como por el kosher, de manera que el consumidor final disponga de esta información.