El Consejo de Cuentas propone a los grupos parlamentarios crear una ponencia en las Cortes que estudie la modificación de la ley electoral de Castilla y León para reducir y cuantificar gastos subvencionables. En concreto, apunta a costes los relativos al envío postal directo de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral a los electores. «Hay tiempo suficiente hasta las siguientes elecciones para poder hacerlo», explicó el presidente de la entidad, Mario Amilivia, durante su intervención ante la Comisión de Economía para presentar los informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las autonómicas del 13 de febrero.

Una gran parte del debate estuvo relacionado con los conceptos de gasto que pueden imputarse a la realización de los envíos directos y personales por correo, para lo que Amilivia apostó por la conveniencia de «evaluar la eficiencia material y económica» de esta política, tal y como se realizan en la actualidad, «teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales». Al respecto, apeló al «diseño e implantación de un nuevo procedimiento más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca mayores garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación».

Sin embargo, aclaró que para ello es necesario «garantizar un sistema de secreto al voto», más allá de la tradicional cabina de los colegios electorales.«En muchos pueblos hay señores que quieren la papeleta en casa y la llevan en la chaqueta porque no quieren que su vecino sepa a que formación política vota», explicó Amilivia. El presidente del Consejo de Cuentas contó con la coincidencia en este sentido de todos los portavoces presentes en la Comisión para que al menos se analice la posibilidad de reducir o abaratar los gastos del envío postal de sobres y papeletas.

Más planteamientos

Durante su intervención en las Cortes desgranó algunas de las recomendaciones lanzadas a los grupos parlamentarios con carácter general. Entre ellas, pidió estudiar la conveniencia de introducir una serie de precisiones en la normativa electoral de la Comunidad, «en lo sustancial ya planteadas en la fiscalización realizada sobre la convocatoria electoral de 2019». En este sentido, pidió «detallar la documentación contable electoral a presentar por las formaciones políticas, atendiendo a la singularidad de la misma».

También pidió regular el sistema de financiación a través de plataformas digitales que se ha utilizado por las formaciones políticas, sus especificidades, condiciones y requisitos para la obtención de recursos de financiación privada. 

En cualquier caso, y a la vista de las conclusiones sobre las fiscalizaciones efectuadas, la opinión emitida por el Consejo pone de manifiesto que «las contabilidades electorales rendidas por las formaciones políticas son representativas de los ingresos y gastos electorales declarados, cumpliéndose la normativa electoral aplicable, tal y como se ha reflejado en los resultados de la fiscalización». Los gastos admitidos fueron: PP (1,14 millones), PSOE (1,21 millones), Vox (704.595,89 euros), UPL (86.568,31), Soria Ya (32.644,19), Unidas Podemos (176.289,96 euros), Ciudadanos (290.777,97) y Por Ávila (45.851,67 euros).