La reforma laboral surte efecto entre las empresas, pero las administraciones públicas siguen abusando de la contratación temporal para cubrir empleos estructurales. Es una de las conclusiones que se pueden obtener al analizar los datos de temporalidad en el mercado laboral un año después de la aprobación de la reforma, que entre sus objetivos prioritarios fijaba la sustitución de empleos temporales por indefinidos.

Los datos que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del pasado año indican que en Castilla y León uno de cada tres trabajadores del sector público son interinos (32,40 por ciento), mientras que en las empresas privadas esta temporalidad se reduce a uno de cada ocho empleados (12,20 por ciento). Ésta es la foto a finales de diciembre del pasado año, pero si miramos hacia atrás vemos cómo la situación se ha dado la vuelta como un calcetín desde mediados de 2018 cuando las administraciones y empresas públicas de la Comunidad empezaron a superar en la tasa de temporalidad a un sector privado, que se ha visto empujado en el último año a reducir casi a la mitad sus contratos con fecha de finalización.

La tasa de temporalidad se redujo rápidamente, pasando del 25 por ciento a situarse por debajo del 18, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un descenso de más de siete puntos porcentuales que permiten a España colocarse ya cerca de los niveles europeos. Sin embargo, esta mejoría en la calidad de la contratación fue exclusiva del sector privado, ya que las administraciones públicas mantuvieron sus privilegios legales para conservar miles de trabajadores con contratos temporales.

Si tomamos solo como referencia el último año, desde que entró en vigor la reforma laboral aprobada por el Gobierno -a pesar de que hubo una moratoria durante el primer trimestre- la tasa que mide la temporalidad en la Comunidad se redujo del 21,80 al 12,20 por ciento en las empresas privadas a lo largo del ejercicio, algo a lo que también contribuyó la desaparición de los fijos discontinuos de la estadística. El empleo público realizó el camino inverso y la temporalidad sigue creciendo desde el 30,60 al 33,40%.

Este último dato confronta con la realidad nacional, donde cayó la temporalidad en el sector público, algo que también sucedió en una docena de autonomías, mientras que en otras dos se mantuvo estable. Tan solo Extremadura y Madrid, con subidas del 26 y 16 por ciento respectivamente, se situaron en el grupo de Castilla y León.

Hecho diferencial

Julio López, profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid, considera que esto es un «hecho diferencial» de la Comunidad y baraja varios factores que provocan esta distorsión.

En primer lugar, López indica que este incremento de la temporalidad en el sector público autonómico se produce por la existencia de muchos funcionarios que se están jubilando, tanto en el ámbito de la educación como en la sanidad y en otras áreas administrativas, y que están siendo sustituidos por trabajadores con contratos precarios. «Compruebo casi a diario en mi entorno como se jubilan muchos compañeros, catedráticos, etc. y llegan profesores asociados en condiciones muy precarias», explica el doctor en Economía.

A esta causa se añade que Castilla y León es un territorio muy envejecido con una edad media muy elevada, lo que provoca que esta «sustitución o reemplazo» esté siendo mucho mayor que en otras comunidades españolas donde el empleo fijo es más estable y necesitan menos incorporaciones en el sector público.

La EPA mostrará la evolución del mercado laboral en los próximos meses y reflejará si las administraciones públicas hacen sus deberes y reducen la temporalidad.