A pocos días para que la Conferencia de Presidentes se reúna crece la polémica en torno a esta convocatoria que la mayoría de las ciudadanos no tiene claro para qué sirve. La campaña de vacunación, los efectos del coronavirus, la gestión de los fondos de recuperación y la estrategia frente al reto demográfico serán las materias que protagonizarán esta 24 edición de este encuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, con la habitual ausencia del catalán Pere Aragonés y la más que probable del lehendakari Urkullu. Todos ellos son asuntos de vital importancia para el presente y el futuro de nuestro país y debería existir una coordinación entre administraciones que redunde en la mayor eficacia de las vacunas, en un mejor aprovechamiento de los fondos europeos y en la adopción de medidas conjuntas para revertir el ‘desierto’ en que se está convirtiendo la España interior.

La creación de este órgano entre la administración central y las comunidades resulta esencial en la España de las autonomías, un modelo en que la división de competencias provoca ineficacias y diferencias en las políticas que llevan a que los ciudadanos sufran diferencias inexplicables en sus derechos y en la prestación de servicios. La Conferencia de Presidentes nació como un mecanismo imprescindible de coordinación entre administraciones, pero desgraciadamente hace tiempo que perdió su utilidad y se ha convertido en un foro para la galería con palabras y compromisos huecos que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos ni para ayudar en la solución de problemas comunes.

El mejor ejemplo es la reunión del próximo viernes en Salamanca. Cada presidente autonómico dispondrá de cinco minutos para fijar su posición sobre los asuntos del orden del día sin que haya habido un trabajo previo entre los ministerios y los departamentos autonómicos. El reglamento, aprobado en el Senado, contempla la convocatoria con 20 días de antelación y establece un trabajo técnico antes de la cumbre, pero ni lo uno ni lo otro se ha cumplido en esta ocasión y ya llueve sobre mojado. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ya ha amenazado con no volver a acudir si no se cumple la normativa interna y otros mandatarios también han mostrado su disgusto por una ceremonia que se reduce a una foto y una declaración de buena voluntad.

Un puñado de comunidades pretende aprovechar la Conferencia de Presidentes para abrir el debate sobre la financiación autonómica, pero el escaso tiempo que tendrá cada uno solo permitirá vislumbrar la divergencia de posturas existente, sin que el Gobierno se comprometa a nada y sin que Sánchez aporte soluciones a los problemas reales, más allá de su supervivencia durante lo que resta de legislatura.