Una vez que el Ayuntamiento aprobó la semana pasada la ejecución de la sentencia de la calle Jardines y la solicitud del préstamo de 26.637.695,40 euros al Fondo de Impulso Económico del Gobierno, el siguiente paso en la resolución del conflicto correspondía a la Diputación, que ayer, tal y como se esperaba, expresó de manera oficial su voluntad de constituir el fondo adscrito al patrimonio provincial de suelo, con cargo a los recursos que la institución provincial obtenga por la ejecución de la sentencia.

Ese fondo, una vez la institución provincial lo articule administrativamente y cuyo volumen económico está aún por determinar, será la herramienta a la que podrá acceder la capital para disponer de al menos 9.500.000 euros para financiar actuaciones acometidas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2025.

La idea es que al menos 7,5 millones de euros correpondan a proyectos ya cometidos, de forma que el Ayuntamiento pueda disponer de esos fondos este mismo año para reducir la deuda de 26.637.695,40 euros este mismo año. 

Ese es el plan del equipo de Gobierno de Mario Simón, aunque antes de que llegar a esa primera meta en la amortización de este deuda histórica para la ciudad hay que dar otros pasos. 

La primera en formalizar el crédito con el Fondo de Impulso Económico del Gobierno, un trámite que, según explicó ayer el alcalde, Mario Simón, a DP, se producirá antes del 10 de abril. 

«Una vez que esté formalizado el Gobierno hará directamente el ingreso de los 26.637.695,40 euros a la Diputación», detalló el primer edil. No hay una estimación de cuándo las arcas provinciales recibirán el dinero, pero según Simón será cuestión de unos pocos días. Entonces, y solo entonces, el Ayuntamiento podrá decir que ha cumplido la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y ha pagado a la institución provincial las dos parcelas de 18.100 metros que le expropió en su día para completar la calle Jardines al precio fijado en 2007 por la Comisión Territorial de Valoración, más los intereses devengados hasta que se dictó dicho coste, más los intereses de las cuatro prórrogas aprobadas por ambas instituciones en 2012, 2014, 2016 y 2018. 

Ayer, el pleno de la Diputación dejó claro que esa declaración oficial de voluntad de cr eación de este fondo «responde no solo a la solicitud de la capital, sino también a las gestiones y negociaciones habidas entre ambas administraciones para posibilitar el cumplimiento de la sentencia». 

«Un mecanismo que, por otra parte, evita que como resultado de la ejecución se produzca un grave trastorno o detrimento a la hacienda municipal y que, a su vez, beneficiaría también a todos los pueblos de la provincia», recalcó la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

respaldo casi unánime. El respaldo no fue unánime pero al contrario de lo que ocurrió en el pleno de la capital no hubo posiciones en contra. El portavoz de Ganemos-IU, Eduardo Herminda, reconoció que «la solución es plausible» porque «cumpliría con la legalidad vigente y partiría este nudo gordiano den el que se ha convertido la calle Jardines». Desde el lado de la barrera del número 1 de la calle Burgos, Ganemos decidió «no sea un impedimiento» a una solución que es «la menos lesiva posible», por lo que votó abstención, lo que no impidió la crítica a PP y PSOE por haber llegado a esta situación o la reclamación de que le acuerdo hubiera permitido abordar el poblema de la vivienda social en la ciudad.

Ciudadanos, PSOE y PP votaron sí. El portavoz de la formación naranja, Jorge Llanos, resaltó «la importancia de fomentar el diálogo y el consenso para solucionar problemas y servir a los ciudadanos». «Así dejamos atrás un problema que enfrenta a las dos instituciones desde hace 15 año», argumentó.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Blanco, se felicitó por que «por fin se ha alcanzado ese equilibrio técnico-político que tan necesario era para solucionar este problema».

Blanco expresó su deseo de que el instrumento al que ayer se comprometió la Diputación «incluya un número importante de municipios de la provincia, responda a criterios objetivos y mantenga el equilibrio entre los que participen».

«Y que el resto que no puedan formar parte de esa estructura sean compensados a través del instrumento que se decida posteriormente bajo las mismas condiciones», añadió.

«La solución técnica es acertada y correcta porque facilita la solución del problema para que todas las partes se sientan cómodas; y la política es buena para la capital, porque permite seguir pudiendo realizar gestión; y para la provincia porque ofrece unas posibilidades de crecimiento importante y la recepción de lo que le correspondía, el justiprecio».

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, tomaba la palabra para recordar que el compromiso de los representantes públicos es «servir a los ciudadanos» y que para ello hay que «buscar soluciones que sean técnicamente viables y, después, desde la política, se puedan compartir y llegar a una solución».

No fue el único tema vinculado al acuerdo de la calle Jardines que se trató en el pleno. Cabe recordar que dentro de la solución al conflicto se incluyó la creación del nuevo complejo universitario Dacio Crespo, en el que estará la nueva Escuela de Enfermería pero también el Centro Territorial de la Universidad de Educación Nacional a Distancia para el futuro en Palencia.

Pues bien, el pleno aprobó la modificación de los estatutos del consorcio universitario del centro asociado a la UNED, tras el ejercicio del derecho de separación solicitado por la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), de forma que se garantiza su continuidad hasta que abra sus puertas en ese futuro complejo universitario.