El movimiento asociativo -cooperativas o sociedades agrarias de transformación-, con una facturación de más de 30.00 millones de euros, 1,2 millones de afiliados en el conjunto de las diferentes actividades y un volumen de compras en medios de producción por un valor superior a los 12.000 millones de euros, constituye, al menos sobre el papel, uno de los pilares más importantes de la actividad agraria. Sin embargo, frente a la idea de potencial que ofrecen esos grandes datos y a pesar de los avances registrados en los últimos años, junto a grandes grupos que son el motor de sus territorios se mantiene el peso dominante de unas estructuras minifundistas, tanto en la producción como a la hora de comercializar, que merman su eficacia en ambas direcciones: por un lado frente a la mayor concentración de quienes adquieren sus productos -industrias y distribución-, y por el otro frente a los grupos que venden los medios de producción al campo.

Se puede decir que potenciar las entidades asociativas en la actividad agraria ha sido una constante desde los años de la transición a través de diferentes incentivos para lograr unas estructuras más grandes y, sobre todo, más eficientes con el objetivo de hacer más rentable la actividad de agricultores y ganaderos pagando menos por los medios de producción (abonos, semillas, repuestos, etc...) y logrando mejores precios en la comercialización de su oferta. Hoy sigue el proceso con la apuesta de Agricultura para apoyar la actividad cooperativa con la modificación de la actual disposición sobre Entidades Asociativas Prioritarias, cuya aplicación desde 2013 no ha respondido a las expectativas.

Las estrategias desarrolladas en las últimas décadas se han traducido en un fuerte recorte del número de entidades asociativas, que, solamente desde 2006, han pasado de más de 4.000 a 3.700, un 8,8% menos, mientras el volumen medio de facturación crecía un 6,5% hasta una media de 8,2 millones de euros. En ambos casos se trata de cifras que están a años luz de las que se manejan en otros países comunitarios, pero que suponen un avance si se tiene en cuenta la dificultad que suponen siempre los procesos de integración, a los que suelen resistirse los protagonismos de los que han estado siempre.

En esta dirección, un dato negativo a analizar y a tener en cuenta sería el peso que tienen actualmente los menores de 40 años en las estructuras asociativas. Según los datos oficiales, solamente el 11% de los socios son jóvenes; solo un 8,7% de los miembros de los conejos son menores de 40, únicamente un 6,3% están en puestos de dirección y no más de un 3,8% ocupan las presidencias. Ante esta situación surge una pregunta: ¿por qué no son más? ¿Es falta de interés o resistencia de otros a dejar sitio?

En ocasiones se acusa a las Administraciones de no haber hecho lo suficiente para lograr un mayor desarrollo del asociacionismo agrario. Es probable. Pero la realidad es también que, en la mayor parte de los casos, ese freno al asociacionismo viene también determinado por la actitud de resistencia de muchos de los actuales responsables de esas pequeñas y medianas entidades que prefieren seguir siendo cabeza de ratón, que una parte más de la cola de una entidad más potente, aunque solo sea a la hora de comercializar conjuntamente sus producciones. Ser grande no significa siempre ser eficiente y la ineficacia no tiene por qué estar ligada a las muy pequeñas y medianas cooperativas, pero hay condiciones que ayudan.

De las políticas desarrolladas en las últimas décadas se ha llegado a un sector asociativo agrario donde solo un 5% de las entidades tienen una facturación de más de 50 millones de euros. Un 15% consigue ventas de entre los 10 y los 50 millones, el 38% de entre dos y 10 millones y hay un 42% cuyas ventas no llegan a los dos millones de euros. Bajo la imagen dominante del minifundismo, la otra realidad es también que solo 60 entidades, el 1,6% del total, facturan el 33% de todo el movimiento asociativo con más de 10.000 millones de euros -una media de 168 millones-; y que solamente el 0,3% de las cooperativas, un total de 10, facturan el 16% del total con casi 5.000 millones -500 millones de media por entidad- con grupos como Dcoop en aceite, Coren en ganadería o AN, con ventas por encima de los 1.000 millones de euros.

Con el objetivo de seguir potenciando el peso de los grandes grupos básicamente a la hora de operar en los mercados, Miguel Arias Cañete ponía en marcha en 2013 un ley por la que se impulsaba el apoyo a un cooperativismo más fuerte con la constitución de una nueva figura denominada Entidad Asociativa Prioritaria pensada, con ayudas, para integrar las operaciones comerciales de varias sociedades. Para la constitución de las nuevas entidades se fijaron unos volúmenes mínimos de facturación desde los 20 a los 500 millones de euros, según sectores; además se hizo necesario que su actividad se extendiera a más de una comunidad autónoma y el compromiso de las cooperativas integradas de aportar a la entidad el total de sus ventas.

Casi una década después de aquella iniciativa, son 13 el número de este tipo de Entidades, entre las que dominan las dedicadas a la ganadería. En conjunto suponen ventas por unos 4.000 millones de euros, que significan el 12% del total de la facturación del movimiento cooperativo, el 10% de todas las cooperativas y sociedades agrarias de transformación y el 11% de los socios totales.

En ese grupo se hallan, como motores o como nuevas entidades, Cobadu en Castilla y León; Covap, donde se halla la cooperativa castellanomanchega Baco, AN, con base en Navarra pero con actividad en media España; Oviaragón; Oviespaña; Indulleida; Capsa; Consorcio del Ovino y siguen fuera otros grandes grupos como Coren o Anecoop.

Para el Ministerio de Agricultura, el balance hasta la fecha es positivo, pero se considera corto para las necesidades y las posibilidades del movimiento asociativo de cara a mejorar la situación de agricultores y ganaderos. Por este motivo, Atocha trabaja en la introducción de algunos cambios para impulsar su desarrollo. En esta dirección, se modificarán los volúmenes mínimos de facturación para constituir las nuevas entidades. Igualmente se modificarán las condiciones para ser considerada como supraautonómica. Hasta la fecha, para tener esa condición, es necesario tener actividad y socios en otro territorio. En el futuro bastará con tener actividad o socios, un solo requisito.

Décadas después de las primeras políticas para la integración asociativa, el proceso sigue abierto.