El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió hoy a trasladar a la realidad de la sanidad pública las directrices planteadas por el grupo de expertos que ha elaborado un documento “valioso” con 122 medidas, que plantean introducir de forma urgente cambios de “calado” para fortalecer el sistema ante un nuevo brote epidémico.

Fernández Mañueco, acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, mantuvo un encuentro por videoconferencia con los expertos que han participado en este grupo de trabajo y que fueron designados por los grupos parlamentarios de las Cortes que firmaron el Pacto por la Recuperación, el Empleo y la Cohesión Social de junio, si bien el PSOE abandonó esta mesa y continuaron los trabajos PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.

Según informaron fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Ical, Fernández Mañueco agradeció trabajo, así como su “esfuerzo de diálogo y consenso” porque recalcó que “mejorar la sanidad es un objetivo de todos”.

Además, el presidente sostuvo que Castilla y León cuenta con uno de los mejores cinco sistemas sanitarios de España, según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pero aún así reconoció que la Comunidad debe aspirar a mejorarla en prestaciones, equipamientos, humanización y calidad profesional, tanto en el ámbito rural como urbano, y tanto en Salud Pública como en la asistencia.

En esa línea, el jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla un incremento del 21,6 por ciento para la Consejería de Sanidad, lo que recordó supone alcanzar la cota histórica del 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

El grupo de expertos entienden que el sistema sanitario de Castilla y León no estaba diseñado para una pandemia de estas características, a lo que añadieron que poseía “importantes retos” que ahora se aceleran, como por ejemplo -señaló la Junta- la necesidad de aumentar la financiación del sistema sanitario o el número de profesionales formados, especialmente en algunas especialidades deficitarias, la importancia de prestar una atención de calidad y accesible en un territorio muy extenso, con alta dispersión y baja densidad poblacional, o la conveniencia de reorganizar un sistema cuyos cimientos datan de hace casi treinta años.

“Las debilidades mostradas nos han llevado a ser aún más conscientes de que es urgente tomar medidas de calado tanto en Atención Primaria, como en Atención Continuada, Atención Hospitalaria, Emergencias y Salud Pública, para fortalecer nuestro sistema ante un nuevo brote epidémico. Todo ello a fin de tener un sistema de salud fuerte, con suficiente capacidad para actuar sobre los retos que presenta esta nueva normalidad, y a la vez garantizar una asistencia sanitaria de calidad durante las próximas décadas”, indicaron.

Sus planteamientos se estructuran en tres niveles de actuación: Propuestas orientadas a responder a la actual pandemia; propuestas inmediatas y a medio plazo para asegurar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario; y propuestas estructurales sobre el dimensionamiento y organización del sistema sanitario. Además, la Junta señaló que se complementan con los objetivos ya descritos por la consejera de Sanidad en su primera intervención en las Cortes en septiembre de 2019.

El grupo de expertos

El grupo de expertos estuvo formado, en representación de la Consejería de Sanidad, por José Luis Almudi, Alejandro Merino y Laura Sobrino; así como José Luis Nájera, en representación del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, y Luciano Díez, por el Foro de la Profesión Veterinaria. Además, participó Pedro José Pascual, a propuesta de la formación Por Ávila; Mercedes Coloma, María Álvarez Quiñones, María José de la Fuente y Alejandro Vázquez, designados por el PP; Esther Fraile y Emilio Blanco, por Ciudadanos, y Pablo Oyagüez, por Unidas Podemos.

Inicialmente, el PSOE propuso a Inmaculada García Rioja, Diego Moreno, Mercedes Martín, Juan Lorenzo Gutiérrez, Elena Jaén, si bien hace semanas anunciaron que rompían las negociaciones y abandonaban este grupo de trabajo.

Propuestas

El grupo de expertos para la reforma de la sanidad pública de Castilla y León expresaron su respaldo a la cita previa como forma de acceso a la consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente, así como asegurar la asistencia en los consultorios rurales. Además, para los puestos de difícil cobertura proponen incentivos como beneficios fiscales para las parejas o a la compra o alquiler de vivienda.

Así figura en el documento de 122 medidas, agrupadas en siete bloques, presentado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro por videoconferencia que mantuvo con los expertos designados por los grupos de las Cortes -PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila-, así como por la Consejería de Sanidad, el Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León y el Foro de la Profesión Veterinaria.

Según la información facilitada por la Junta, el capítulo dedicado a la Atención Primaria y la Atención Continuada está formado por 35 medidas. En él, los expertos exponen como posibles mejoras el análisis de la actual distribución de zonas básicas de salud e identificar aquellas que puedan necesitar una posible modificación, teniendo en cuenta para ello, además de los criterios clásicos, otros como el grado de dependencia, dispersión, cronicidad, existencia de centros residenciales, existencias de oficinas de farmacia o botiquines, centros sociosanitarios y escolares, así como las comunicaciones existentes.

Otra acción sería elaborar un plan de recursos humanos en Atención Primaria, que tenga en cuenta las carencias actuales y las necesidades futuras, y diseñar un cronograma de medidas que permitan la sostenibilidad de la plantilla adecuando el flujo de entradas y salidas, y elaborando propuestas de modificación de los cupos para conseguir tamaños óptimos.

Se propone también disminuir progresivamente la figura del profesional de área, reconvirtiendo esas plazas a otras de equipo o atención continuada -siempre de forma voluntaria-, y potenciar la incorporación de profesionales a los puestos de difícil cobertura del medio rural mediante incentivos, como por ejemplo beneficios en el alquiler o compra, facilidades fiscales para las parejas, programas de agrupamiento familiar, etcétera.

Otras medidas planteadas van en la línea de garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, asegurando consultas en todos los consultorios, desarrollar un sistema eficaz de transporte a la demanda en el medio rural, equiparar la figura del coordinador del equipo a la de jefe de servicio, y potenciar la figura de la enfermería tanto en número suficiente como en su formación o acreditación.

Además, piden generar la figura del Equipo de Salud Comunitaria a cargo de los propios profesionales del Equipo es otra de las medidas, entendida con finalidad dinamizadora de este tipo de actividades, en coordinación con los Equipos de Salud Pública.

Se plantea también valorar, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de un nuevo modelo de atención sanitaria para los centros sociosanitarios y residencias de mayores, con el objetivo de analizar la situación actual y establecer un modelo en el que el sistema social y el sanitario definan y asuman sus responsabilidades en la atención a estas personas.

El último apartado de este bloque se centra en la atención continuada en los centros de salud, que a juicio de los expertos merece una revisión. El criterio de los expertos es que la atención a las patologías tiempo-dependientes debe ser una auténtica prioridad de la reforma de la Atención Continuada y sus recursos.

Es esencial, a juicio de los redactores del documento, redefinir la ahora llamada ‘Atención Continuada’ tanto en el medio rural como en el urbano, con base en que el sistema debe garantizar la atención a lo no demorable. Por todo ello proponen la elaboración de un mapa que contemple un estudio pormenorizado de la situación de cada zona, establecer indicadores para analizarlos y determinar los cambios necesarios para optimizar los recursos y asegurar la equidad en el acceso a la Atención Urgente y Emergente.

Otra de las propuestas se denomina Vehículos de Intervención Rápida (VIR), especialmente en zonas urbanas, que junto a los Soportes Vitales Básicos pueden aumentar la resolución de patologías in situ. Y por último se propone crear los Puntos de Atención Continuada en Red, de tal forma que aquellos con menor presión asistencial o complejidad de las patologías atendidas por la cercanía a un centro hospitalario puedan trabajar en red apoyando a otros profesionales.

Un sistema sanitario preparado

El primero de los siete bloques, que consta de 30 medidas, se centran en la preparación del sistema sanitario ante futuras oleadas. Se propone la necesidad de garantizar el suministro suficiente de equipos de protección, material médico, el uso adecuado de las pruebas, la necesidad de tener estrategias preparadas ante nuevos brotes, análisis continuo de la situación, diseño de circuitos separados para la atención sanitaria, mejora de las infraestructuras de los hospitales y recuperación de la actividad ordinaria en la mayor medida posible.

En relación con la realización de pruebas diagnósticas, se propone mejorar la dotación en equipamientos y en personal para la realización de pruebas de detección. Además, planificar la coordinación entre el personal de los equipos de Primaria y de Salud Pública, para incrementar la capacidad de realización de pruebas si la gravedad y urgencia lo hiciera necesario.

Además de garantizar el suministro de reactivos y material fungible suficientes para poder realizar las pruebas en caso de rebrotes de gran magnitud, se pide el aprovechamiento de todos los recursos de las universidades de Castilla y León, así como de los laboratorios privados si fuera preciso, para la realización de pruebas diagnósticas COVID-19.

Otra de las medidas consiste en establecer un plan de mejora de los servicios y unidades de microbiología de Castilla y León. Como novedad, se propone implantar un sistema de información autonómico con el fin de facilitar su trabajo en red y su comunicación con los servicios territoriales de Salud Pública.

En relación con la compra y provisión suficiente de equipos de protección, se insiste en la existencia de un almacén avanzado con una reserva estratégica para al menos tres meses, con monitorización en tiempo real de las necesidades de cada centro. Además, se hace hincapié en la implicación del tejido empresarial de Castilla y León en la logística sanitaria.

El tercer punto de este primer bloque se refiere a la mejora de la atención sanitaria a corto y medio plazo. Así, se recalca la importancia de mantener circuitos diferenciados en todos los niveles, proponiendo alternativas donde no sea posible (franjas horarias separadas). Además, se apunta que la cita previa será la forma normal de acceso a consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente para aquellos pacientes que tengan dificultad con las nuevas tecnologías. Se trata de evitar aglomeraciones y permitir elegir citas presenciales o telemáticas, incluida la videollamada.

Se propone la elaboración de un Plan Integral del paciente COVID, con especial énfasis en los enfermos críticos, incluidos pediátricos, y con protagonismo para la enfermería cualificada.

Sobre las listas de espera, se subraya la importancia de mantener la actividad ordinaria en todos los niveles, diseñando un plan específico basado en la priorización clínica para disminuir la demora acumulada estos meses tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas. Para apoyar esta actividad se propone, entre otras medidas, la contratación de personal o la oferta de realizar actividad extraordinaria.

Refuerzo de la salud pública

El segundo bloque, ‘Desarrollo y refuerzo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica’, consta de ocho medidas. En él se propone aumentar la inversión en salud pública, tanto para tareas de vigilancia como de promoción y protección de la salud, con el objetivo de alcanzar al menos el tres por ciento del gasto sanitario total al final de la presente legislatura. Además, se plantea una reestructuración de los servicios de salud pública, mejorando retribuciones y perfil profesional para tener un recurso eficiente fuera de la situación de pandemia.

A fin de alcanzar una mejor organización de la salud pública en el territorio, los expertos proponen revisar y aprobar antes del final de esta legislatura las demarcaciones de salud pública, que ayudarán a mejorar la coordinación con Atención Primaria mediante la revisión de las funciones y responsabilidades en prevención y promoción de la salud.

Recursos humanos

El cuarto bloque se ha centrado en la ‘Gestión de Recursos Humanos’, con las dificultades de cobertura de plazas como telón de fondo permanente. Para solucionar los problemas existentes plantean cuatro acciones: mejoras organizativas (calendarios, jornadas, descansos, permisos o conciliación); mejorar las condiciones laborales de los profesionales, tanto contractuales como económicas; reconocer los logros y promover la motivación; e identificar e incentivar los puestos de mayor sobrecarga para el profesional y los de difícil cobertura.

Para ello proponen, por ejemplo, promover el acceso a cargos de responsabilidad y coordinación bajo los principios de acceso a la función pública, o adecuar las retribuciones a las comunidades con sueldos más altos, con el fin de reconocer a los profesionales y favorecer la fidelización de estos en las zonas limítrofes.

Humanización

El quinto apartado se centra en el ‘Desarrollo del plan de humanización y mejora de la participación ciudadana’, y la idea esencial es elaborar e implementar antes del fin de 2021 un Plan de Humanización con el objetivo de promover, desarrollar y desplegar actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria.

La segunda medida es la elaboración de un Proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, que garantice unos cuidados paliativos de calidad y mejore la información de los pacientes sobre la posibilidad de manifestar voluntades anticipadas.

Investigación, docencia y formación

En sexto lugar los expertos incorporaron 28 medidas sobre ‘Fomento de la investigación, la docencia, la formación y avance en los mecanismos de evaluación del sistema y sus resultados”’ con varias ideas novedosas, como por ejemplo aumentar la capacidad docente del sistema, en especial, de aquellas especialidades más deficitarias, utilizando la máxima capacidad formativa y presentando un sistema de certificación y reconocimiento de la figura del tutor principal y de los tutores colaboradores.

Se propone además fomentar la acreditación de centros rurales de Atención Primaria como centros docentes, promoviendo un sistema de acreditación de tutores que recoja criterios de mérito y capacidad en el desempeño de sus funciones, que posteriormente sean reconocidas en los baremos de méritos de carrera profesional, procesos selectivos y de ordenación profesional (concursos de traslados).

Otras ideas se centran en promover acuerdos entre Sacyl y las universidades para que los estudiantes de medicina y enfermería incluyan en sus rotaciones centros de salud rurales, o la inclusión de una asignatura obligatoria de medicina y enfermería de familia y comunitaria en los planes de estudios de ambos grados de las universidades de Castilla y León.

Se aconseja también instar al Ministerio de Sanidad a que elabore un plan de recursos humanos con base en las necesidades de profesionales y especialidades que el sistema necesitará en el medio y largo plazo, para disponer de una planificación prospectiva de las plazas ofertadas, a fin de evitar déficits de especialistas que pongan en riesgo el sistema.

En relación con medidas de impulso de la investigación, las propuestas pasan por desarrollar medidas que fomenten e incentiven la labor investigadora de los profesionales, tales como la creación de una unidad central de apoyo metodológico a la investigación.

En cuanto a las medidas para fomentar la evaluación del sistema, se pide seguir trabajando en la mejora del Observatorio Sacyl, ampliando y actualizando, periódicamente su contenido. Para ello se reclama introducir indicadores que evalúen los resultados en salud de los centros y servicios y el desempeño de los profesionales, así como mejorar la cultura de evaluación y la mejora continua en nuestros centros y profesionales.

Además, se reclama dotar a todos los servicios de emergencias de un sistema de información en los soportes vitales y en los centros de base, integrados con una historia clínica electrónica propia, para lograr una verdadera continuidad asistencial. Y se recomienda redactar un plan en el que se analice la situación de la alta tecnología sanitaria, así como los criterios de instalación de las novedades y la cronología de sustitución del equipamiento obsoleto.

Financiación

El séptimo y último bloque, titulado ‘Propuestas de mejora de la financiación de la sanidad, mejoras de la eficiencia y propuestas en relación con la compensación que se debe abonar a la sanidad privada por los servicios prestados’, se centra en distribuir el fondo de 250 millones acordado en las Cortes entre los centros de gasto implicados, en función de las capacidades, necesidades y gastos ya ejecutados, de manera que los incrementos estructurales de recursos humanos y determinadas inversiones en equipamientos e infraestructuras que van a quedar incorporadas en los centros deberán asignarse al correspondiente capítulo presupuestario ordinario.

Se propone además alcanzar progresivamente un gasto sanitario en relación con el PIB no inferior a la media de la Unión Europea, incrementar los presupuestos de la Sanidad de Castilla y León contemplando aspectos como el envejecimiento y la dispersión de la población o recuperar progresivamente el nivel de inversiones reales previo a la crisis.